Con fecha 10 de noviembre aparecía en la parte de Tribuna de este periódico el texto de opinión del profesor Juan Luis Fernández titulado "Paciones y boroñes. Por qué ni todas las ONG's son iguales ni toda la investigación universitaria merece más financiación". El título despertó mi interés, pues prometía -creía en un principio- que nos iba a iluminar sobre tan difícil decisión -la de a qué tipo de investigación debe ir el dinero público-, mostrándonos criterios que yo como investigadora podría compartir. Algo así como ¿qué significa la famosa palabra "excelencia" cuando hablamos de investigación? ¿Cómo podemos decir que una investigación es de calidad?
Al finalizar su lectura, aparece la desilusión y en parte la perplejidad. Desilusión porque el autor entiende que el gran problema de la investigación es su falta de demanda (supongo que por parte del tejido productivo). Sr. Fernández, ya sabemos que la inversión en investigación de las empresas españolas (y asturianas) dista mucho de ser óptima. Y sí, todo lo que sea facilitar la difusión de las investigaciones universitarias en las empresas y en general el tejido social ha de ser bien recibido. Vale.
Desilusión porque las únicas recetas que proporciona para mejorar la calidad de la investigación subvencionada por los poderes públicos son, en sus palabras, "democracia y claridad en la adjudicación". No sé qué significa en este contexto "democracia". Cuidado con las palabras cliché. Sobre la "claridad en la adjudicación", como siempre sería interesante comparar los parámetros del Ministerio del ramo con los de sus homólogos de los países de nuestro entorno. Seguro que hay investigaciones sobre qué proporción del PIB se gasta en investigación por países y cómo se seleccionan dichas investigaciones. Quiero decir que, más que acusaciones veladas (que van minando la credibilidad social de todo un sistema) podría darnos datos.
Por último, me quedó cierta perplejidad porque, quieras que no, me sentí aludida. No sé si era objeto del texto, pero una idea del autor que aparece entre líneas es que las ciencias jurídicas y sociales ni son ciencias ni deben recibir fondos públicos para sus investigaciones. ¿Por qué se desprende esa idea del texto? Dos afirmaciones me avalan.
La primera: "Ya he oído hablar tantas veces de excelencia en el caso de grupos de investigación que no tienen ni una sola patente (y que ni las buscan), que no entiendo nada". Sr. Fernández, las patentes son sólo un tipo de transferencia a la sociedad de los resultados de la investigación universitaria; un tipo entre varios posibles. Pertenezco al Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo. En mi departamento contamos con dos grupos de investigación acreditados, reconocidos en el ámbito nacional y buscando participar activamente en la discusión internacional. El grupo de Sociología de la Alimentación que acaba de recibir un premio de la Asociación de Distribuidores por su trabajo sobre "Los hábitos alimentarios de los españoles". Y el grupo PROMEBI (Promoviendo el Empleo y Bienestar en Europa) que analiza en perspectiva comparada los sistemas de protección social y el empleo. Ninguno de ellos tiene patentes, no las buscan. Son grupos excelentes por su capacidad formativa, la profundidad de sus trabajos teóricos, y sobre todo porque ambos tienen como objetivo último de su trabajo la transferencia de resultados a la sociedad. Estos son los elementos que hay que valorar de la investigación subvencionada por el dinero de todos.
La segunda: "Pongo por ejemplo un proyecto, Retos a la Investigación, que nos fue recientemente denegado y cuya crítica principal fue que era demasiado ambicioso. ¿Qué coño es entonces un reto? En esa misma convocatoria se financió al menos un proyecto sobre igualdad de género, que sí que es un reto, pero no científico". Qué puedo decir. Soy Investigadora Principal del Proyecto "Mujeres en Mundos de Hombres" que recibió financiación del Ministerio para los años 2012-14 (MICINN-12-FEM2011-25228) y ahora 2015-17 (CSO2014-54339-P). Nuestro objetivo es conocer, entender y poner en contexto los obstáculos y apoyos con los que se encuentran las pocas mujeres que desarrollan sus carreras laborales en ocupaciones muy masculinizadas; para, desde ese conocimiento, proponer medidas. Como usted dice, es un reto. ¿Es científico? Me temo que reproducimos aquí la eterna discusión entre Ciencias Sociales y Naturales. Me aburre hasta a mí.
Yo, como el Prof. Fernández y muchos compañeros con nosotros, estamos hartos de esa "esclavitud del índice H, del G, y de todas estas revistas internacionales". De la misma manera también considero que "Es importante que nos preguntemos como Universidad (y sociedad) qué es lo que buscamos y en consecuencia actuemos". Pero si la pregunta es qué investigación universitaria merece más financiación pública, no creo que el número de patentes sea el indicativo más importante para esta selección. Ni, por supuesto, que deban ser excluidas las investigaciones sobre igualdad de género. Parte de la razón de ser de mi disciplina (la Sociología) es entender los mecanismos de la desigualdad social y en este campo la desigualdad de género es central.
Entonces, ¿qué tipo de investigación debe ser financiada? Universidad viene de universalidad. Frente a la visión cortoplacista y particular de las empresas, la investigación universitaria debe tener una visión más general y a más largo plazo. Pero tampoco soy de la opinión del café para todos. Deben primar en la prelación de la financiación pública la calidad y la relevancia de la investigación. La calidad asociada a criterios de rigor metodológico. La relevancia asociada a la transferencia a la sociedad a la que sirve. Como se aprecia, esta respuesta es muy general y queda mucho por precisar. Eso debe ser labor de los candidatos a rector para las próximas elecciones. Son ellos los que tienen que explicarnos en sus programas cuál es su idea de lo que tiene que ser la investigación universitaria. ¿Lo harán?
