Hace algunas semanas se ha descolgado, con unas declaraciones a ese periódico, don Nicolás Álvarez, a la sazón presidente del Consejo Económico y Social (CES) del Principado de Asturias, toda vez que todo parece apuntar a que este ente público -pagado por todos- desaparezca. Señala en tal sentido el Sr. Álvarez que el coste presupuestario económico es "insignificante" y que la desaparición "no va a solucionar los problemas de Asturias". Señala la Ley que lo regula que se trata de "un ente público de carácter consultivo en materia socioeconómica y laboral" pero, de acuerdo a esa misma Ley, carece de carácter vinculante, esto es, no obliga a los poderes públicos respecto a las decisiones o consejos que proponga. Debo reconocer que, aún siendo abogado en ejercicio, -al igual que la inmensidad de la ciudadanía-, jamás había oído de tal organismo público, lo que ya denota la, efectivamente, "insignificancia" práctica y relevante de este desconocido organismo. Primero, porque si su función es ser una suerte de consultor o asesor en el ámbito socioeconómico y laboral, a la vista de los indicadores económicos de Asturias, parece evidente que su intervención es "insignificante". Segundo, en efecto, que desaparezca este organismo no va a suponer un giro copernicano en el rumbo de Asturias pero "grano a grano se hace granero"; ahora bien, se va uno a la página web de este organismo, observa los "órganos" y "recursos humanos" que conlleva y, oiga, la factura apunta a ser muy elevada, especialmente teniendo en cuenta los resultados o aportaciones del mismo. Tercero, si seguimos la lógica de este señor podíamos tener un Estado Leviatán absolutamente ineficaz pero, eso sí, repleto de muy bien remuneradas dietas por reuniones al margen de los envidiables sueldos que perciben; todo ello sin saber quién elige a los integrantes de este tipo de organismos, sin dar cuentas de su rendimiento efectivo, etc. Todo ello supone anualmente cientos de miles, si no millones, de euros, que bien podrían emplearse en ayudas a comedores para niños que lo necesiten, centros de salud o, barriendo para casa, más funcionariado judicial o jueces, por exponer una escueta serie de ejemplos alternativos. Es muy parecido a lo que sucede con el Tribunal de Cuentas -y otros muchos organismos pagados por tod@s-, al parecer casi todos parientes, igualmente sin carácter vinculante, y que cuando, de tarde en tarde, descubre alguna anomalía acaece que los hechos hace ya muchos años que han prescrito.
El dinero público debe ser intocable y el "quid" del problema es emplearlo en prioridades para los ciudadanos, pero no para este tipo de "burocracia" que lo único que hace es aumentar los diversos déficits. Por ello, en mi modesto criterio, toda la ciudadanía debería apoyar la desaparición de este tipo de "chiringuitos", de cuyos miembros no se sabe su procedencia, más allá de nexos políticos en pro de inversiones auténticamente eficaces y con resultados prácticos y tangibles. Lo siento mucho, don Nicolás Álvarez, pero apoyo indudablemente la desaparición de este tipo de "chiringuitos" -curiosamente coinciden en ello desde el PP a Podemos- y que su sueldo, dietas -y los de todos sus integrantes-, etc., dejen de percibirse a fin de ser utilizados en fines públicos más prácticos para tod@s.
