Esta semana aparecían dos noticias que ilustran bien cual puede ser la perspectiva de futuro del Estado de Bienestar en España. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística anunciaba que, por primera vez desde 1944, durante este año se registrarán más defunciones que nacimientos; por otro, se hacía público que el Gobierno ha dejado la "hucha de las pensiones" a la mitad durante los últimos cuatro años (al pasar de cerca de 67.000 millones de euros a poco más de 34.000).
Empecemos por el déficit vegetativo. La duración de la crisis y el regreso de muchos emigrantes a sus respectivos países (con índices de natalidad más elevados), unido a la entrada en fase procreadora de una cohorte poco numerosa (la de los nacidos entre los años 1976 y 1995), auguran el inicio de un período de disminución de la población. Esto, combinado con un mantenimiento de la esperanza de vida, tiende a configurar una pirámide poblacional envejecida. Es decir, con un mayor crecimiento proporcional de pensionistas.
El problema viene a la hora de financiar ese desequilibrio: sabiendo que las pensiones actuales (crecientes en número y con mayor cuantía media) se pagan con los cotizantes del presente (con un menor sueldo medio, tras la crisis y los efectos de la reforma laboral), llegará un momento en que la caja de la Seguridad Social no podrá afrontarlo con garantías.
Así que preparémonos a ver, los próximos días, cómo los dos grandes partidos cortejan el voto de los electores mayores? para, a partir de 2016, poner sobre la mesa (en colaboración con los formaciones "nuevas") asuntos como el traspaso de las pensiones de viudedad a los Presupuestos del Estado (paso previo a su futura desaparición) y la rebaja sustancial de la pensión máxima, sea cual sea el tiempo cotizado. No lo dirán en ningún mitin electoral.
