El jefe de informativos de Radio Televisión Española reconocía hace unos días en una conversación informal con un grupo de excompañeros que una reclamación hecha a la Junta Electoral durante la campaña de las pasadas elecciones andaluzas le había obligado a no emitir una entrevista grabada con uno de los candidatos. El reclamante pertenecía a un partido con representación parlamentaria que había sido excluido de la relación de candidatos a entrevistar con vista a los comicios. El argumento era que los sondeos publicados preveían una singular escasez de escaños de esa candidatura demandante en la siguiente asamblea. El entrevistado pertenecía a una formación de las conocidas como emergentes que carecía de represente en esa cámara. Pero las encuestas no dan derechos adquiridos a los aspirantes, según la ley electoral.
Las cadenas de televisión de ámbito nacional, en su mayoría, son empresas privadas que hacen y deciden sus espacios con total libertad. Al menos en democracias como la española. Claro que aquí pertenecen a dos compañías que acaparan casi por entero el mercado y sólo dos canales públicos y pequeños temáticos les pueden hacer alguna competencia. Esta es la situación actual de nuestros medios audiovisuales. El escenario es distinto en la radio donde hay más variedad empresarial. Pero la radio tiene la desventaja de no presentar imagen, algo esencial en campaña.
Señalo todo esto porque cuando se trata sobre debates previos a los comicios se habla de lid a dos, a tres y hasta cuatro. Obviando que en las pugnas electorales intervienen bastantes más fuerzas políticas o agrupaciones, mareas o asociaciones de candidatos que han de tener los mismos derechos que cualquier otro representante que concurra a las urnas. En la Junta General del Principado están representados seis partidos, dos de las cuales no tenían diputados nacionales. Así pues, seis o cuatro candidatos habrían de debatir públicamente. Dado que en algunas circunscripciones son muchas las candidaturas y difícil programar debates con tantos postulantes la ley electoral obliga a reservar espacios promocionales en igual proporción a la representación en la cámara anterior. También es difícil integrar en un mismo debate a todos los grupos parlamentarios. Y aquí entraría la decisión de repartir la participación de candidatos a un escaño en la siguiente asamblea.
En estos momentos las especulaciones sobre la celebración de debates señalan como máximo la participación de cuatro candidatos, de los cuales dos tenían grupo parlamentario y otros dos no. Es decir, se estudia su participación por los resultados de sondeos y encuestas, unos trabajos que repetidamente fallan en sus predicciones, como es notorio. Y, sin embargo, se dejan fuera de los previstos debates a partidos que tenían en esta legislatura que termina grupo parlamentario, representantes en comisiones y en diversos niveles de la presidencia cameral. Cuestión por la que protestan candidatos que consideran que se les discrimina. ¿Quién asegura que dichos candidatos no tienen tanto derecho como los demás a participar en debates? ¿Las encuestas?
Por otra parte, con el fin de que puedan participar esos considerados minoritarios, las lides preelectorales deberían celebrarse en varias sesiones de tres en tres, intercambiado los participantes para que todos puedan dilucidar sus propuestas y contrastar sus programas en audiencia pública.
