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Eurodiputado asturiano del PSOE

La gobernabilidad de España

Un debate acerca de la disolución ordenada de la zona euro. Esto pedían la semana pasada varios diputados en el Parlamento Europeo. Votaron a favor de tal enmienda Marine Le Pen y todos los diputados de Podemos.

Ciertamente, algunos ya estamos acostumbrados a esta coincidencia de intereses permanente entre ambos extremos de la cámara, pero no parece que tenga relevancia en el debate público nacional. Nada tiene esto que ver con las acuerdos de transacción entre verdes, liberales, populares y socialistas en muchas votaciones. Como ya he comentado previamente en esta columna, el trabajo del Parlamento exige negociación y compromiso que se enmarca siempre en el juego de las mayorías de unos y otros, bajo el objetivo de hacer avanzar a Europa, intentando cada uno de nosotros mover la mayoría de la cámara a nuestro favor. Pero este esfuerzo de negociación, que celebramos cuando hay acuerdos, no es lo mismo que la coincidencia permanente entre quienes quieren destruir Europa.

Este juego destructor parece que ha llegado a España. Quien fija como línea roja de cualquier negociación la exigencia de que todos los españoles dejemos de decidir sobre el conjunto del país, con referendos independentistas, deja claro que no quiere compromiso alguno. Quien tumba presupuestos sociales como el del Gobierno asturiano o permite que Extremadura continúe un año más con las cuentas de Monago no aspira a resolver ningún problema de la ciudadanía.

En todo caso, el soberano ha elegido un Parlamento muy dividido y no hay otra opción que apelar a ese espíritu de negociación y acuerdo que impera en Europa, del que no se han enterado algunos de los que han pasado por aquí de manera oportunista.

Europa sigue necesitando un socialista más en el Consejo Europeo que pueda, junto a las fuerzas equilibradas del Parlamento, acabar de romper el paradigma de la austeridad. Y esto sólo lo puede hacer un líder del partido socialista europeo. Lo demás son anécdotas o compañeros de viaje de quienes quieren acabar con Europa, como vimos la semana pasada en la votación de la enmienda comentada al inicio de este artículo.

En Bélgica, llegaron a estar 535 días con un gobierno en funciones después de las elecciones de junio de 2010, que conformaron también un parlamento totalmente fragmentado. En España, la Constitución obliga a convocar nuevas elecciones si en el plazo de dos meses tras la primera sesión de investidura no hay una mayoría de gobierno. De este modo, confío en que no vivamos tanto tiempo sin Ejecutivo en un país que necesita reformas profundas y voluntad de acuerdo. Así pues, los acontecimientos se van a precipitar muy rápidamente.

Veremos si hay o no capacidad de acuerdo. En todo caso, mi partido, el PSOE, deberá hacer un examen muy serio para analizar la caída de votos, especialmente en las grandes ciudades y entre los más jóvenes, haciendo valer que solo nosotros podemos ayudar a cambiar las políticas europeas y, con ello, las españolas.

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