En los últimos años estamos viendo cómo la sociedad no permite determinados comportamientos que, hasta no hace mucho, eran tolerados; quizá más por desconocimiento de los mismos que por su aceptación, aunque también porque muchas personas, sabiéndolos, preferían mirar para otro lado. El ejemplo más claro es el de la corrupción. Hoy, los ciudadanos pedimos de manera insistente a nuestros políticos y jueces que sean implacables con esta lacra. En estos tiempos, bajo ningún concepto soportamos a un corrupto.
Pero esta exigencia de honestidad, transparencia y buen hacer se está extendiendo a todos los espacios de la sociedad. Y a uno de los ámbitos a los que está llegando es a las empresas. Así, y aun con demasiada lentitud, se va legislando sobre la imperiosa necesidad del buen funcionamiento de los consejos de administración. La Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó en febrero el Código Unificado del Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. El problema es que son más recomendaciones que imposiciones, por lo que su no cumplimiento no tiene sanción. Por otra parte, cada día se interponen mas demandas por acciones individuales y sociales de responsabilidad contra los administradores de las sociedades, al entender que determinados actos decididos por ellos han dañado a los socios, a terceros o al patrimonio social de la empresa. Esto, que en EE UU se realiza continuamente por los que se sienten perjudicados, en España se está comenzando a introducir. El caso más actual es el de Abengoa.
¿Y qué pasa con los consejeros nombrados por los políticos de las empresas públicas de ayuntamientos, comunidades autónomas o del Estado? Pues en principio, nada. Como cualquier consejero de cualquier empresa se debería guiar por el interés social y, en muchos casos, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa. ¿Y la retribución por asistencia al consejo? Como cualquier consejero de cualquier empresa debería ser la adecuada para la dedicación, cualificación y responsabilidad que exija el cargo. Pero, empecemos a matizar.
1- CAPACIDAD: Los políticos, o mejor dicho, los partidos que tienen la facultad, al ser elegidos por los ciudadanos, de nombrar a consejeros en diferentes empresas deberían nombrar a personas competentes y de reconocida valía. A ser posible, que supieran algo del sector y de la empresa en cuestión. Que vayan a trabajar y no a pasar el rato. Que estén capacitados para tener buenas ideas de negocio y de creación de valor.
2- INDEPENDENCIA Y HONESTIDAD: Este consejero no tiene por qué alinearse con nadie, y menos con quien lo nombró. Debe ser independiente, y para serlo se necesita ser honesto con uno mismo. Lo que de verdad quiere la sociedad son consejeros honestos, esto es, personas que sean consecuentes con la responsabilidad que les encargan los ciudadanos. Dicha responsabilidad consiste en velar por los intereses de los accionistas, empleados, clientes, proveedores y la comunidad en general. Por los intereses de todos los grupos de interés, independientemente de quien lo haya nombrado y, para eso, se necesitan personas libres y honestas.
3- REMUNERACIÓN: Si el consejero no es un cargo público/político, es decir, no tiene sueldo pagado por un estamento público, debiera de cobrar una remuneración. Pues esta persona le tendría que dedicar tiempo a ese cometido, además de poner al servicio de la sociedad su formación y experiencia. ¿Y si ese consejero es un cargo público o político y es nombrado por razón de su cargo? Siento ser tan tajante al decir que en este caso en absoluto se debería percibir una retribución. En esos supuestos, el consejero estaría dedicando un tiempo a un trabajo por el que ya está recibiendo un sueldo público.
4- TRANSPARENCIA: Tanto los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado deberían de tener un portal donde se recogiesen todas las empresas en las que estos estamentos públicos tienen consejeros y la remuneración de cada uno de ellos, bien en forma de retribución o en forma de gasto por desplazamiento. Hoy, a los políticos les gusta mucho hablar de legalidad. Nadie dice que algunos de los componentes de la Autoridad Portuaria de Gijón y de la de Avilés, EBHI, Sogepsa, Hunosa o Cogersa estén cometiendo una ilegalidad. Pero lo que sí piensan los ciudadanos es que a los allí presentes por razón de su cargo público/político no se les debería de pagar dos retribuciones al mismo tiempo.
La sociedad quiere que se termine el distanciamiento actual entre la política y los ciudadanos. Y los políticos tienen que darse cuenta que no se puede separar la ética de la política. Ese apartamiento es el que ha llevado en muchos casos al nepotismo, a la tiranía y, en definitiva, a la corrupción.
