La política asturiana va al ralentí. Pero lo peor es que lleva así muchos meses. Demasiados. Cada fuerza política parece estar preocupada fundamentalmente de sus propios asuntos, de los de aquí, pero también, y puede que en una mayor proporción, de los de carácter nacional. Mientras en Madrid todo bulle, las declaraciones se suceden sin descanso y a un golpe de efecto sigue otro de la misma o de superior intensidad, en la Junta General del Principado la actividad se encuentra bajo mínimos. Por supuesto que los diputados regionales están en su derecho de justificar esta ausencia de trabajo en la Cámara amparándose en la normativa legal, en lo que dice el Estatuto de Autonomía, que declara inhábil a efectos parlamentarios el mes de enero. Es decir, que sus señorías se encuentran, por ley, de vacaciones.
Pero todo tiene un límite. Los propios políticos asturianos deberían percatarse de que la región no está para tan largos descansos. Una situación que en esta ocasión se ve agravada por lo que implicaron las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. Así, por unas razones o por otras, la Junta General del Principado va a estar alrededor de dos meses funcionando a un ritmo lento, muy lento, muy por debajo de lo esperado por los ciudadanos.
Da la impresión de que la mayoría de los políticos de la comunidad sólo esperan que pase el tiempo, pendientes especialmente de saber lo que sucede con el Ejecutivo de España, si es posible algún tipo de acuerdo que facilite la gobernabilidad del país o si, por el contrario, se acaban convocando unos nuevos comicios legislativos.
Por supuesto que lo que se está decidiendo en Madrid tiene una importancia capital. Pero para Asturias también es fundamental lo que hacen sus instituciones, y de manera especial el Gobierno que preside el socialista Javier Fernández. Y es evidente que algo no va como debiera. En las últimas semanas es patente una cierta parálisis en la actividad del gabinete autonómico. Es como si tras retirar su proyecto de Presupuestos para 2016, una vez que Podemos anunciara su enmienda a la totalidad del texto, el Ejecutivo se hubiera desinflado tras comprobar, una vez más, su extrema debilidad parlamentaria. Pero el Gobierno tiene la obligación de recuperarse de forma inmediata. Y sentarse a hablar con el resto de las fuerzas en busca de acuerdos. De verdad y con valentía, algo que, por supuesto, hay que exigir igualmente a los partidos de la oposición. Sin demagogias, sin fuegos de artificio.
