La semana pasada murió Francisco Rubio Llorente, jurista de reconocido prestigio y sin duda el más reputado constitucionalista de nuestra democracia. No es cuestión de narrar ahora su biografía personal y profesional, porque puede consultarse fácilmente en internet y otros ya la han resumido en diferentes medios de comunicación.
Me gustaría, en cambio, resaltar su vinculación con la España constitucional y con Asturias. Tuvo Rubio Llorente un importante protagonismo, aunque en la sombra, durante la compleja etapa de la transición política de la dictadura a la democracia. Desde su puesto de Secretario General del Congreso de los Diputados participó en la redacción de los grandes pactos que alumbraron la Constitución de 1978. Le dio forma jurídica al poder. Poco más tarde fue nombrado magistrado del recién estrenado Tribunal Constitucional. Para entonces ya había extendido su magisterio como catedrático de Derecho constitucional creando una escuela de juristas en cuya línea estábamos los profesores de esta disciplina en la Universidad de Oviedo, liderados por el prematuramente fallecido Ignacio de Otto.
Por el Tribunal Constitucional pasaron como letrados el propio De Otto y otros juristas asturianos, como Ramón Punset, Alberto Arce, Juan Luis Requejo, Juan Carlos Duque e Ignacio Villaverde. Su labor como magistrado primero y como Vicepresidente del Tribunal, después, fue de gran relevancia para asentar las bases constitucionales de la democracia, que cimentó bajo dos ideas claves. La Constitución como norma jurídica suprema y los derechos fundamentales como núcleo material de la Constitución. En relación con la primera, dejó claro que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, pero que no tiene como función sustituir al legislador imponiéndole sus propias preferencias éticas o políticas. En cuanto a los derechos fundamentales, subrayó que la existencia o no de una libertad constitucionalmente reconocida no puede ser considerada nunca como una cuestión política.
La Universidad de Oviedo reconoció su mérito y prestigio profesionales nombrándole en 1992 doctor honoris causa. En su discurso de investidura resaltó sus lazos personales y académicos con Asturias. "Como hombre, porque de Asturias viene mi mujer y asturiana es por mitad la sangre de mis hijos. Como universitario, por venir (su nombramiento) de una universidad cuya cátedra de Derecho constitucional ha sido ocupada por muchos hombres ilustres, desde Adolfo Posada hasta Ignacio de Otto". En dicho acto habló de la necesidad de cerrar la Constitución, en referencia a la organización territorial del Estado, pero predicó en vano visto lo ocurrido en los años posteriores.
Al poco de dejar el Tribunal Constitucional fue nombrado Presidente del Consejo de Estado. Desde tan alta institución abordó el encargo de realizar estudios para una futura reforma constitucional e igualmente sobre una futura reforma de la ley electoral. El trabajo se hizo y se concretó en dos voluminosos libros; no así las reformas, que siguen pendientes.
En los tres últimos años y viendo la deriva independentista del nacionalismo catalán se embarcó en la tarea de hallar, a modo de tercera vía, una fórmula constitucional que diese acomodo a la aspiración cada vez más extendida en Cataluña de pronunciarse en referéndum sobre su futuro. No aceptaba que existiese un derecho a decidir, en el sentido de ejercer un derecho de autodeterminación, pero sí entendía que había que buscar en la Constitución una vía para que pudiese hacerse la consulta, en el convencimiento de que sólo así se podrían rebatir los argumentos que alimentan al independentismo. Solía decir que los catalanes tienen derecho a expresar su voluntad, pero no a imponerla, y concretó su propuesta en una reforma de la Ley de Referéndum, sin necesidad de revisar la Constitución. Una solución a la que parece acogerse Podemos y de la que humildemente disiento.
Como afirmé en la laudatio de su persona en el doctorado honoris causa, "toda obra está sometida a crítica y la de Rubio Llorente no es una excepción, pero allí donde se encuentren contradicciones, de ser ciertas, habrá que pensar que él, al igual que Rousseau, prefiere ser hombre de paradojas que de prejuicios. En todo caso, cuando la discrepancia con alguna de sus opiniones aflora, siempre hay que echar por delante los versos de la fábula de Miguel Agustín Príncipe: Productos son imperfectos/ aun las obras más brillantes/ mas, ay, quien fuera Cervantes/ aun con todos sus defectos.".
Nos ha dejado un jurista excepcional justo cuando más necesitada está España de cabezas pensantes cultas, abiertas y ecuánimes, alejadas de la actual cerrazón, frivolidad e ignorancia. Descanse en paz.
