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Xuan Xosé Sánchez Vicente

La sinrazón de Estado y un moteru mocín

A propósito de los esfuerzos de un candasín por salvar los hórreos asturianos, en acelerado proceso de degradación

En el mes de diciembre pasado LA NUEVA ESPAÑA publicaba un reportaje donde daba a conocer los esfuerzos de un candasín moteru, don Víctor Manuel Álvarez, por salvar los hórreos asturianos, en acelerado proceso de degradación y ruina, modificando la normativa sobre ellos, normativa que colabora de forma decisiva en su ruina y desaparición.

La benemérita iniciativa de don Víctor y sus argumentos son tan necesarios como acordes con la realidad y por ello lo felicitamos. Ahora bien, vengo en la obligación de señalar que esa misma preocupación ya la venimos manifestando algunos de nosotros desde hace años. En concreto, en 1999 iniciamos el trámite de una Ley que modificase la legislación sobre los horros, paneras y cabazos, Ley que no llegó a debatirse por la oposición del Gobierno de Sergio Marqués a su tramitación. En ella se proponían básicamente dos cosas: que los hórreos de antigüedad inferior a cien años no estuviesen sometidos a tutela ni limitación legal alguna -salvo los que tuviesen alguna cualidad especial- y que el Gobierno venía obligado a proveer todos los años una cantidad suficiente para el mantenimiento de aquellos que estuviesen catalogados (todos los de más de cien años, al menos).

Pero antes de seguir conviene hacer una reflexión sobre las declaraciones de bienes protegidos para los edificios en general o para los horros en particular. Cuando lo hace, el Estado realiza una expropiación de facto sobre el bien, puesto que se priva a su propietario de la libre disposición sobre él, de su venta, derribo o traslado. Pero esa expropiación no pagada culmina su despropósito cuando se obliga al propietario a conservar en buen estado su ya no-propiedad, es decir, "si no quieres taza, taza y media".

Ese despropósito general -ese asalto gratuito a la propiedad, con cargas añadidas a ella- se agrava en el caso de los horros por la evolución del agro asturiano. No hace falta explicar que los horros nacen como graneros y proliferan, especialmente, a partir de la llegada del maíz. Ahora bien, esa funcionalidad, que viene a durar hasta los años sesenta del siglo pasado, ha desaparecido. El horru es hoy desván, granero ocasional y, sobre todo, pieza de adorno y emocionalidad. Pero no reside ahí el grueso del problema: no es que los campesinos ya no le den esa utilidad, es que, en la práctica, ya no hay apenas campesinos o los que quedan, por su edad, no realizan labores agrarias. Ello implica, por un lado, gentes viviendo en el campo con escasas rentas y, sobre todo, horros que ya no dependen de nadie (más que jurídicamente) en viviendas y pueblos despoblados.

Pues bien, es sobre esa realidad sobre la que políticos e ideáticos de la cultura legislan como si no existiese. ¡Y para mayor sarcasmo, la Administración lleva cinco años sin consignar en los presupuestos un solo céntimo para conservación y reparación de horros, paneras y cabazos! No es de extrañar, pues, que los horros se deterioren y arruinen o que, cuando se constituyen en un problema, un tractor realice una mala maniobra y mueva los pegollos propiciando así la caída del bien mueble.

Es hora, pues, si en algo se estima nuestro singular y abundante patrimonio, de cambiar la legislación acerca de esta materia: dar libertad a los horros con menos de cien años; no ligar la constitución de un horro a la presencia de una vivienda al lado (¡auténtico disparate!); permitir otros usos para ellos (por ejemplo, viviendas turísticas, como bien apunta don Víctor Álvarez); facilitar los traslados (¿qué tal las plazas de la ciudad como acogedoras de algunos de ellos?); simplificar los procesos administrativos y, sobre todo, resolverlos rápido; disponer de partidas de dinero suficientes para aliviar la carga que sobre los hombros de los propietarios se echa con la catalogación expropiadora.

¿Se hará? Es dudoso, hay mucho fundamentalista cultural y la política es, muchas veces, el arte de legislar al margen de la realidad. En todo caso, si no se hace, todo irá a peor, es decir, la legislación con que queremos proteger nuestro patrimonio será causa de la aceleración de su ruina.

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