Febrero puede resultar crucial en el diseño del futuro urbanístico de la ciudad si finalmente se somete antes de que acabe el mes al escrutinio del Pleno la aprobación inicial, como pretende el equipo de gobierno, del nuevo Plan General de Ordenación (PGO). La intención es culminar un proceso que se inició hace dos años, después de que los tribunales anularan el documento técnico aprobado en los últimos días de su mandato, en 2011, por el último gobierno de izquierdas encabezado por Paz Fernández Felgueroso.
El urbanismo gijonés vive instalado desde 2013 en una grave situación de inseguridad jurídica a cuenta de la anulación del PGO por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, recurrida por el Ayuntamiento ante el Supremo. El mayor pagano de esa incertidumbre legal es el sector de la construcción, uno de los principales motores de empleo en la ciudad durante los años previos a la crisis, pero también los particulares, pues una normativa inconsistente y sujeta a vaivenes desaconseja acometer iniciativas edificatorias que pueden acabar siendo cuestionadas.
Es por este motivo por el que la plataforma en defensa de la aprobación del PGO que se dio a conocer esta semana ha sido capaz de aglutinar tanto a colegios profesionales de arquitectos y aparejadores como a asociaciones empresariales con intereses en el sector y a representantes de asociaciones vecinales de la zona rural, donde la población ha sido tradicionalmente más beligerante con los planes urbanísticos del Ayuntamiento a lo largo de los últimos años.
Este colectivo ha reclamado públicamente a los grupos políticos con representación municipal diálogo y consenso para sacar adelante la revisión urbanística pendiente, sin nuevas e injustificadas demoras. Y tras solicitar que el debate que se avecina sobre el modelo de ciudad huya de la confrontación política, pide al Ayuntamiento y al Principado que aparquen sus frecuentes enfrentamientos y rencillas en beneficio del bien común y de la urgencia que requiere la aprobación del PGO, que debe ser ratificado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). La conformación política del salón de sesiones, con un equipo de gobierno en minoría, obliga a Foro a poner sobre la mesa toda su capacidad negociadora para conseguir los apoyos necesarios a su propuesta urbanística. Y exige también de los grupos de la oposición altura de miras para dotar a la ciudad de un instrumento de planeamiento necesario del que hoy día carece. Cualquier acción dilatoria con fines políticos sería difícilmente justificable.
No se puede diseñar un modelo de ciudad, el Gijón del futuro, sin abrir además ese debate al resto de la sociedad. Es imprescindible que los colectivos ciudadanos tengan voz en ese diseño. Hace falta contar con la opinión experta de los técnicos, pero no hay que desdeñar las aportaciones que puedan realizarse desde el tejido asociativo local para consensuar un documento urbanístico más social y más vivo.
El futuro PGO debe contar con el respaldo del mayor número posible de votos plenarios, pero también de apoyos ciudadanos. El urbanismo de Gijón no puede vivir permanentemente instalado en una situación de incertidumbre jurídica, como ha sido norma en estos últimos años, por culpa del ordeno y mando.
