Las elecciones generales del pasado mes de diciembre han producido un resultado de tan difícil digestión -aunque más que previsible- en términos de gobernabilidad, que las combinaciones de pactos y acuerdos, por complejas y diversas, finalmente podrían producir gobiernos de muy diferente signo ideológico -en cualquier caso frágiles- en función de las diversas combinaciones posibles, aunque es más que probable que, al fin, los españoles debamos acudir finalmente a las urnas para concretar y/o reorientar el mensaje.
Independientemente de los intereses partidarios y/o personales de los diferentes líderes políticos, lo cierto es que la sociedad española está dividida (grosso modo) entre quienes sienten verdadero pánico a una coalición de izquierdas (PSOE y Podemos), al considerar de excesivo riesgo el acceso a tareas de gobierno de un grupo de "jóvenes" inexpertos y excesivamente sesgados hacia posiciones extremas (en ocasiones subrayadas y manipuladas con evidente intención descalificatoria por determinados medios de comunicación, convertidos en terminales de poderes económicos y de credo religioso), y, en consecuencia, dispuestos a validar un Gobierno nucleado en torno al Partido Popular, garante de la estabilidad, aún a sabiendas de sus gravísimas responsabilidades en materia de corrupción político/económica; y quienes, por el contrario, se inclinan por consolidar una opción de cambio, necesariamente de izquierdas (con mayor o menor intensidad) ante el hartazgo de la corrupción y la manera de enfrentar la crisis económica por parte del Gobierno conservador, con daños muy serios a la parte más débil del cuerpo social, en materia de provisión de servicios básicos y sostenimiento del estado de bienestar.
Es evidente que la salida de este laberinto tendrá consecuencias de gran calado en el devenir de nuestro país en los próximos años, y por ello no se comprende la banalidad y frivolidad con que se enfrenta el asunto, reconduciéndolo a un mera cuestión táctica, elevando el consenso a la categoría de dogma, para anteponer la gobernabilidad a cualquier precio, incluso propugnando combinaciones inconvenientes y "poco naturales" que desdibujan los perfiles políticos de cada opción, para forzar una suerte de gobiernos de unidad, como único antídoto frente a la supuesta maldad intrínseca de las fuerzas políticas emergentes, y en defensa de una determinada (y cuestionable) visión del interés nacional.
El Gobierno español que resulte de la solución a esta coyuntura debe enfrentar asuntos tan relevantes como los llamados a dar respuesta a las exigencias de Bruselas en materia de legislación de trabajo (reforma laboral) y reducción del déficit, además de enfrentar sin más demoras ni embelecos la cuestión territorial (problema catalán y vasco), los planes educativos y pergeñar e implementar un modelo económico que ataque frontalmente la pandemia del paro. Constituyen todos ellos asuntos de tanto alcance que invalidan soluciones de gobierno meramente tácticas, basadas en componendas de acuerdos frágiles y de corto recorrido.
En consecuencia, y anticipando el fracaso, más que previsible, del intento (entiendo que bienintencionado) de Pedro Sánchez por formar un Gobierno, estrangulado entre el "tactismo" del Partido Popular y de Podemos, claramente favorables a nuevas elecciones (todo hace suponer una cierta mejoría de sus resultados), y buena parte del propio "aparato" socialista (barones) -interesados sobremanera en su amortización política, aún a costa de empeorar los resultados electorales y de propiciar el advenimiento de un Gobierno conservador-, solo cabe una salida, que no es otra que la de nueva convocatoria del cuerpo electoral.
Es muy probable que los resultados finales de una nueva consulta electoral no difieran en exceso de los presentes, de tal suerte que la gobernabilidad del país se convierta en una suerte de jeroglífico de imposible resolución, por lo que, llegados a este punto, y haciendo de la necesidad virtud, acaso proceda la apertura de un debate en torno a la reforma del modelo electoral, para propiciar - reforma constitucional incluida- un sistema de doble vuelta, que asegurase mayorías de gobierno en función de la opción finalmente más votada, solución que sin duda cede posiciones en clave democrática (menos visualización de la diversidad política) pero que asegura una gobernabilidad coherente (mayorías con programas claros y concretos), además de superar un verdadero problema de nuestro modelo electoral, cual es el de la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas, casi siempre socios necesarios de las mayorías de gobierno, que "pasan factura" sistemáticamente en términos de concesiones territoriales percibidas como agravios por otros territorios del Estado. Países con una trayectoria democrática acrisolada han implementado modelos de esta naturaleza con resultados muy satisfactorios, por lo que los complejos acumulados en nuestro "subconsciente colectivo" inherentes a un pasado poco ejemplar en materia de principios democráticos no debiera ser un obstáculo para afrontar con valentía una decisión que se me antoja muy necesaria.
