Gijón no puede permitirse otra anulación del PGO

27.02.2016 | 04:13
Gijón no puede permitirse otra anulación del PGO

El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) pasó esta semana el primer trámite importante: su aprobación inicial en el Pleno. Lo hizo con los votos de todos los grupos del espectro municipal salvo el PSOE, pero sin despejar ciertas sombras sobre la legalidad de la forma en que se llevó a cabo, con cambios sobre la marcha, en la misma sesión plenaria, de algunas de las fichas urbanísticas más polémicas del planeamiento. El anuncio de la modificación del urbanizable de El Infanzón, donde finalmente se autoriza la construcción de mayor número de chalés que lo previsto en el documento provisional, en beneficio de la edificación en la finca "Bauer", entre cuyos propietarios se encuentra la familia de Rodrigo Rato, abrió la caja de los truenos, de tal manera que los grupos de izquierda Xixón Sí Puede e IU, que habían comprometido previamente con Foro su voto a favor del plan, amenazaron con retirar ese apoyo si no se modificaba este polémico urbanizable. Además de otros cambios que afectan al suelo del antiguo astillero Juliana y El Tallerón.

Varios expertos en derecho administrativo y en urbanismo consultados por este periódico cuestionaron la legalidad de la forma en que se acordó el cambio de contenido de las fichas de El Infanzón y de los suelos emblemáticos de la vieja industria de la zona oeste de la ciudad. Lo que se hizo el martes no fue una mera corrección de errores sino una modificación de contenido sustancial, lo que a juicio de los expertos abriría la puerta a la anulación del acuerdo plenario. No es el primer plan de urbanismo ni será el último que se suspende por defectos formales.

Los urbanistas recomiendan, con toda la razón, que los ayuntamientos, y especialmente el de Gijón, que ha sufrido la suspensión judicial de los planeamientos de 2005 y 2011, extremen el cuidado de los procedimientos. Todo tipo de cautelas no están de más cuando se trata de un asunto de tanta trascendencia como la aprobación del documento que va a regir el urbanismo de Gijón en los próximos años, el que diseña un modelo de ciudad que, efectivamente, requiere el máximo consenso pero también el mayor grado de seguridad jurídica.

Ahora se abre el periodo de alegaciones del plan y se da paso a la participación ciudadana en la redacción definitiva del documento. El equipo de gobierno, al que hay que reconocer los esfuerzos por alcanzar el mayor consenso posible dentro del plenario, tiene la obligación desde este momento y hasta la aprobación definitiva del PGO de embarcarse en un ejercicio de transparencia, dar audiencia a todos los interesados en participar en el proceso de exposición pública del plan y cuidar que los procedimientos se respeten escrupulosamente.

Gijón no se puede permitir una tercera anulación judicial de su Plan General de Ordenación. Sería un desastre sin precedentes a apuntar en el debe de unos gobernantes locales que tienen la obligación de ser estrictos en el cumplimiento de los preceptos de la normativa urbanística.

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