Esos inmensos toneles de la regasificadora de El Musel, perfecta y totalmente ilegales, según acaba de sentenciar/confirmar el Supremo, se cimentan en una especie de pecado original que fue una suma de empoderamiento, engreimiento y megalomanía, pues todavía recordamos al presidente del Principado Álvarez Areces forzando la máquina para que Zapatero -todo racionalidad- introdujera en la planificación nacional una regasificadora para Gijón. Pues bien, ni era necesaria entonces, ni lo ha sido después de construida, como es manifiesto (aunque su actual interés ha de confiarse a que un buen número de buques del mundo utilicen el gas licuado como combustible). Había dos coartadas entonces, azuzadas por el optimismo y la soberbia de la inteligencia: hagamos un puerto cojonudamente grande (la Intervención General del Estado ha puesto en duda su necesidad), con sitio para todo, y evitemos estar chupando del gas que pueda venir de Galicia o del País Vasco. Es decir, la regasificadora fue un caso de nacionalismo gaseoso, o nacionalgasismo. No obstante, por encima de ese pecado original hay algo mucho más brutal, del tamaño de un cinismo tramposo y rastrero, que fue lo de cambiar el reglamento de actividades peligrosas para que cupiera la regasificadora en el superpuerto. De ello hablaremos en breve. Ahora bien, ¿hay que demoler los toneles y triturar la cosa hasta los cimientos, tanto por sus orígenes bastardos como por la sentencia recién conocida? Nos lo pide el cuerpo, pero en esta vida hay más que cuerpo.
