La vergonzosa secuencia de los hechos es como sigue. 1) El expediente para levantar la regasificadora de El Musel se inicia en 2006. 2) Alguien se percata de que vulnera el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, ya que la cosa se monta a menos de 2.000 metros de un núcleo habitado. 3) De modo chapucero, con alevosía e interinidad legal, el Gobierno regional de Areces introduce una morcilla para el caso en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007, a saber: "Queda sin aplicación en el ámbito territorial del Principado la exigencia de que las instalaciones fabriles insalubres o peligrosas se alejen 2.000 metros del núcleo más próximo de población agrupada". 4) Una Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental para el Principado lleva dos años estancada en la Junta General (hermosa inutilidad). En consecuencia, tema el lector salir un día de su casa y encontrarse con alguna cosa monstruosamente industrial en las inmediaciones, y rece para que no sea una regasificadora, instalación peligrosísima que en todas las partes del mundo se aleja al máximo de las poblaciones. Pero hay más: la inmensa desfachatez de cambiar un reglamento para tapar un disparate; y sin ningún tipo de razonamiento o justificación basada en algún estudio ambiental o en el simple cotejo con lo que se hace en ese resto del mundo mencionado. Esto es brutal. Una vez más nos preguntamos: ¿hay que derribar la regasificadora? No. Lo que hay que derribar es la sede del Gobierno regional -previo educado desalojo-, y poner a nuestros repúblicos en tiendas de campaña, que les sobrarían como habitáculo para desgraciar las cosas. En cuanto a Álvarez Areces, bastante cubierto de gloria y reprobado está como para que le moleste colocarse esta otra brillante medallita al servicio público.
