Hemos leído en la prensa que el Gobierno central y la Junta de Andalucía pagarán finalmente a medias la demolición del mastodóntico hotel construido en la playa almeriense de Algarrobico. El coste del derribo y la restauración del paraje sobre el que se levantó se calcula en 7,1 millones de euros, a los que hay que añadir los 2,3 millones que ya pagó la Junta andaluza en 2006 tras obligar a la promotora del hotel a devolverle los terrenos por esa cantidad. Mientras tanto, seguimos leyendo, la promotora del hotel reclama otros 70 millones al Ayuntamiento de Carboneras, a la Junta y al Estado, que permitieron en principio la construcción del faraónico hotel en una playa virgen.
El hotel se levantó en el parque del cabo de Gata y nadie, que uno sepa, ha conseguido explicar hasta ahora por qué se permitió que se cometiese tamaño despropósito. La pregunta que es obligado hacerse es ¿quién o quiénes prevaricaron aquí porque no hay duda de que el edificio se levantó en una zona protegida? ¿Hubo dinero por medio como en tantos otros casos?
Y sobre todo ¿por qué tiene que pagarse ahora con dinero público, es decir de todos los españoles, el derribo de algo que, a lo que parece, se construyó ilegalmente?
¿Por qué no se obliga a hacerlo a quienes supuestamente prevaricaron o en su defecto por qué se reclama ese dinero a los responsables políticos? ¿Por qué tenemos que sufragar todos esos costes y los todavía mucho mayores de la posible indemnización? ¿No hay aquí nadie directa o subsidiariamente responsable?
No es por desgracia el único caso. En este país se han financiado con dinero público multimillonarios proyectos megalómanos que sólo han servido para que el alcalde o el presidente regional de turno se hicieran una foto junto a la placa con sus nombres precedidos del "excelentísimo" de rigor.
Aquí se han destruido salvajemente los mejores parajes de nuestras costas, se han sembrado de feos adosados montes enteros, se han levantado urbanizaciones en medio de la nada y a las que nadie ha querido luego ir a vivir porque no había comunicaciones ni servicios públicos.
Aquí se han hecho todas esas y muchas más cosas con la más absoluta impunidad, en la convicción de quienes nos gobernaban -fueran del partido que fuese- de que nadie iba a exigirles un día responsabilidades. Y sí, hay que volver a hacer la pregunta cuantas veces haga falta: ¿Quién prevaricó aquí?
