Pedro Sánchez calificó a Mariano Rajoy de "indecente" en el único debate electoral de televisión en que se le puso al alcance. Sorprende, sin embargo, que en los posteriores, con motivo de la fallida investidura, no insistiera en el adjetivo, y tampoco el presidente en funciones le recordara el "incidente" para seguir reprochándole su "salida de tono", como hizo en aquel instante. Ni siquiera cuando Sánchez, desde la tribuna del Congreso, abogaba por "un debate sin insultos", Rajoy y sus diversos portavoces recordaron al líder socialista que era él quien había empezado esa dinámica al tildar de "indecente" al presidente del Gobierno. Para cualquier observador queda claro que ni uno ni otro quieren insistir en este asunto, por lo mucho que ambos pueden perder si las lenguas se desatan.
Esa línea de debate ha sido descartada por ambas partes, y hay que suponer que porque no beneficia a ninguna de ellas. El episodio nos devuelve a aquella escena inolvidable en el Parlamento catalán en que la espontaneidad del socialista Maragall resumió el hundimiento de las obras para la línea del metro en el barrio barcelonés del Carmelo como la consecuencia del 3% de comisión que cobraban a las empresas concesionarias los dirigentes del partido del Gobierno catalán, entonces de Convergencia y Unión. También en aquella ocasión, tras superar el mutuo sofoco que afectó a Maragall y a Mas por la incontinencia del primero, se hizo el silencio sobre la acusación, y el PSC se desenvolvió después como si ésta no se hubiera producido.
A efectos no menos chabacanos, a pesar de que se produjeran en un programa de Tele 5, estos deslices se asemejan al rifirrafe entre Jesús Gil y Julián Muñoz en el que, olvidando que hablaban en público, "confesaron" sin querer las claves del saqueo de Marbella, o cuando la mujer del segundo, por un ataque de cuernos a cuenta de la Pantoja, se postuló para inquilina del trullo al confesar que a su casa entraban bolsas de basura repletas de billetes de ignorada procedencia.
Mariano Rajoy ha sido prudente durante el proceso de la no investidura de Sánchez, y ha soslayado el capítulo de la corrupción al evitar sentirse aludido por las ocasionales referencias genéricas de Sánchez, ya con menos brío que en aquel debate televisivo preelectoral. Pero también él acaba de sufrir ahora un imprudente sarpullido de imprudencia a cuenta de la noticia sobre la inmediata declaración como imputados en los Eres andaluces de los expresidentes autonómicos Chaves y Griñán. Al presidente en funciones le ha dado por cuantificar las cantidades robadas y el número de imputados socialistas para concluir que son muchas más personas y un mayor montante de millones de euros los que tocan a la gestión del PSOE en relación a los butrones del PP.
Esta manera de entender el problema de la corrupción confirma que la calificación original de Sánchez era acertada, aunque ahora no la mantenga de manera tan explícita por su necesaria entente con la presidenta andaluza de su partido, Susana Díaz, lo cual también ofrece indicios sobre su propia decencia. Pero es claro que quien calcula el problema de la corrupción en el baremo de las cantidades sustraídas al contribuyente está tratando de crear un indecente sistema de medidas, pues la corrupción no se ha de condenar por el cuánto sino por el hecho mismo de su existencia. Da igual un millón que cien. Da igual si se roba para el propio bolsillo que para la financiación del partido. Da igual si el que roba es de tu partido o del partido de enfrente. La corrupción no lo es más o menos por la cantidad o por el fin, sino por la práctica misma.
La indecencia de Rajoy se pone de manifiesto incluso en sus pretextos. Ha llegado a reiterar que los casos que afectan a su partido se deben a que el Gobierno que todavía preside no ha condicionado a los cuerpos policiales de investigación ni a los jueces y fiscales, lo cual deja entrever que podría haberlo hecho, y en tal caso significaría, sólo ante la mera posibilidad, que no estaríamos en un Estado de Derecho. Pero, además, es mentira y descaradamente en el caso de la infanta Cristina, donde la Fiscalía, la Abogacía del Estado y hasta Hacienda están siendo claramente instrumentadas por el Gobierno.
La indecencia política avanza. Rajoy insiste en establecer baremos de reparto para exculpar sus propias responsabilidades. Y quien como Sánchez detectó ese alegre desentendimiento no ha mantenido la denuncia en los mismos términos para evitar que salpique a sus intereses en el interior de su partido. En este punto, tales para cuales.
