Los grupos de Junts pel Sí (JxS) y la CUP en el Parlament han dado por fin luz verde a la tramitación de las llamadas "leyes de desconexión" con el Estado: Hacienda, Seguridad Social y de la Transitoriedad Jurídica. Y lo han hecho por la vía de la ponencia conjunta, como querían desde un principio, pese al dictamen en contra de los letrados de la Cámara, y con el voto en contra no ya de C's, el PSC y el PP catalán, sino también de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), que si bien está a favor de la celebración de un referéndum pactado con el Gobierno, rechaza de plano una declaración unilateral de independencia.
La consecuencia es que los grupos de C's, el PSC y el PPC han anunciado que presentarán recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar que se vulneren los derechos de sus diputados. El PSC, además, denuncia que se trata de una maniobra para "ocultar" el texto de las leyes de los ojos de la corte de garantías. Y no le falta razón. Pero, de mano, lo que hay que decir de las ponencias conjuntas es que la elección de la fórmula lleva implícito el reconocimiento de que los secesionistas no consiguen ensanchar su base de apoyos ni siquiera en el Parlament.
Con ellas se intenta disimular que el proyecto de ruptura unilateral sólo es obra de dos grupos de la Cámara, y que lejos de ser de interés general, las leyes de desconexión no son sino fruto del partidismo. Así lo demuestra el hecho de que 52 diputados hayan recurrido de amparo ante el TC porque sienten violados sus derechos. (Los 11 de CSQP no lo harán para no echar más leña al fuego, dicen.)
Pero lo más importante es que al elegir la vía de la ponencia conjunta no se está buscando otra cosa que repartir culpas si llega el caso de que el TC actúe. La idea de JxS y la CUP, supongo, es que si la corte se remanga y después de anular las leyes procede contra sus legisladores -en virtud de los poderes ejecutivos que le concede la ley reformada que lo regula-, lo tenga que hacer contra todos y no sólo contra los del grupo mayoritario y el de los anticapitalistas. Así, la apisonadora de voluntades democráticas en que se ha convertido el TC a juicio de los "indepes" quedaría definitivamente al descubierto.
Sin embargo, llama la atención que la luz verde a la tramitación de las normas se encienda el mismo día que el consejero de Economía, Oriol Junqueras, prende la roja al reunirse con su homólogo del Gobierno en funciones, Luis de Guindos, y le dice que Cataluña necesita pedir prestados al Estado, vía Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 7.500 millones, y que sería conveniente que la salud de las finanzas catalanas se dejara al margen de la disputa política.
La verdad, más que una ley de Transitoriedad Jurídica, la Generalitat debería impulsar una ley de Transitoriedad Financiera, mediante la cual el Reino de España se aviniera a seguir soltando la mosca que los catalanes se merecen porque son españoles, mientras sus gobernantes, hozando felices en esa fase inestable e intermedia, van dando tajos a sus vínculos con andaluces, extremeños, asturianos o castellanos -de cuyos impuestos salen los 7.500 millones del ala-, y sobreviven políticamente gracias al dinero que les abona puntualmente el ministro Montoro, con el que, se me olvidaba, Junqueras también va a concertar pronto una cita.
