Esperábamos que en el año en curso un nuevo Gobierno nacional atacara el caos fiscal al que se ha llegado en España en la aplicación de la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Esperábamos que una nueva regulación, cualquiera que fuese el color político del nuevo Gobierno (excepto si fuese mayoritariamente morado), pasaría muy probablemente por una solución salomónica, es decir, una norma única en todo el país, restableciendo prudentemente el impuesto donde prácticamente se haya suprimido y reduciéndolo en consecuencia notablemente donde se haya mantenido, que es el caso, con algunas salvedades, de nuestra comunidad asturiana. Sin embargo, las dificultades que los partidos políticos están teniendo para formar Gobierno nos obligan a posponer esa confianza por el momento, pues si hay que ir a unas nuevas elecciones, será imposible que puedan llevarse a cabo reformas fiscales en el presente año.
El señor García de Pablos es autor de una exhaustiva y documentada tesis doctoral sobre el impuesto de sucesiones, presentada en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2009, donde opina que el debate sobre la regulación del ISD es un tema más político que académico. Posteriormente, en la publicación que de la tesis hizo Aranzadi cambia la frase y dice "tanto político como académico"; yo creo que estuvo bastante más acertado en la primera redacción, y la anarquía alcanzada en el país en la exigencia del impuesto así lo evidencia. Por ello, me ha parecido interesante analizar aquí cuál ha sido la actitud de los diversos partidos políticos ante este tema tras el vuelco que se ha producido en el Gobierno de diversas comunidades autónomas después de las elecciones del pasado año.
Hay seis comunidades gobernadas antes por el Partido Popular, en las que se habían introducido sustanciales cambios para reducir la presión fiscal del ISD, que, tras las últimas elecciones, han pasado a otras manos: al Partido Socialista en coalición con otros partidos de izquierdas en cinco casos y a un partido regionalista, apoyado en el socialista, en otro.
Empezando por este último, Cantabria es una de las comunidades autónomas en las que se ha suprimido prácticamente el impuesto para los parientes más próximos de la persona fallecida (cónyuges, descendientes y ascendientes) mediante la aprobación de una bonificación del 99 por ciento sobre la cuota tributaria resultante de la liquidación. Pues bien, hasta la fecha, el señor Revilla, en contra de lo que había anunciado su consejero socialista de Economía y Hacienda, ha conservado la normativa tal como estaba.
De la misma forma, la Comunidad Valenciana, gobernada ahora, con ayuda de Compromís, por el Partido Socialista, conserva la bonificación sobre la cuota del 75 por ciento, así como las importantes reducciones en razón del parentesco que el anterior Gobierno del partido popular había aprobado (100.000 euros para cónyuges, descendientes y ascendientes).
Extremadura ha mantenido también la normativa anterior, aunque en este caso no se habían hecho grandes cambios sobre la ley estatal, salvo la reducción para las bases imponibles de menor cuantía.
En las Islas Baleares, PSOE y Més, de forma indirecta, han mantenido para bases inferiores a 700.000 euros la favorable normativa aplicada por el PP, pues si bien han suprimido la complicada bonificación sobre la cuota que existía, que equivalía al pago de un 1 por ciento de la base imponible, han creado una nueva tarifa con un tipo impositivo del 1 por ciento para el primer tramo de la escala (700.000 euros) y tres tramos más con bases de 1, 2 y 3 millones de euros a las que se aplican tipos marginales del 8,15 y 20 por ciento, respectivamente, fórmula progresiva que puede considerarse muy razonable para un Gobierno de coalición de izquierdas.
En la comunidad aragonesa es donde la coalición formada por socialistas y resto de partidos de izquierdas ha provocado un cambio radical en el tratamiento fiscal de las sucesiones hereditarias. Con anterioridad venía aplicándose en esta comunidad una bonificación sobre la cuota del 65 por ciento de la misma, para cualquier cuantía de base imponible, lo que situaba a Aragón dentro del grupo de comunidades con menor presión fiscal por este impuesto. Pues bien, el nuevo Gobierno ha limitado la aplicación de tal bonificación a las bases que no superen la cantidad de 100.000 euros, siempre que, además, el capital preexistente del adquirente no rebase tampoco la misma cifra de 100.000 euros. Como consecuencia, Aragón supera incluso ahora a Andalucía, Asturias y Extremadura en el pelotón de cabeza de la presión fiscal por el impuesto de sucesiones.
Por último, el asunto está pendiente en Castilla-La Mancha, pues si bien el nuevo Gobierno socialista, apoyado por Podemos, ha anunciado una reforma del impuesto (que estaba bonificado en un 95 por ciento hasta la fecha), aún no ha sido aprobada ninguna ley sobre el particular (se espera para abril), manteniéndose en los presupuestos para 2016 una cifra de recaudación similar a la del año anterior.
Así pues, la actuación de los gobiernos sucesores del Partido Popular en las seis comunidades indicadas ha sido bastante dispar, pues cuatro de ellos no han modificado, o lo han hecho mínimamente, la regulación que se encontraron, uno la ha modificado de forma radical y otro lo tiene en proyecto.
De las restantes comunidades autónomas de régimen común, en las que se mantienen los gobiernos anteriores, cuatro de ellas han llevado a cabo en el pasado año sustanciales mejoras en la regulación del impuesto: Murcia (Gobierno Popular, apoyado por Ciudadanos) ha bonificado en un 50 por ciento la cuota tributaria (compensando así el tipo impositivo máximo del 36,5 por ciento que comparte con Andalucía y Asturias); Canarias (Gobierno de CC, apoyado por PSOE) se ha convertido sorprendentemente en la comunidad con menor presión fiscal sobre las herencias, estableciendo una bonificación sobre las cuotas para parientes más próximos del 99,9 por ciento, superior a cualquiera otra de las aplicadas en las demás autonomías; Galicia, además de aplicar una tarifa distinta de la estatal, con un tipo marginal mínimo del 5 por ciento para el primer tramo y uno máximo del 18 por ciento para el último (34 por ciento en la estatal), ha aumentado la reducción por parentesco en línea directa hasta 400.000 euros (15.956 euros en la ley estatal) y, finalmente, Castilla y León ha aumentado la base bonificada desde 175.000 hasta 250.000 euros.
Madrid y La Rioja, con gobiernos del PP asistidos por Ciudadanos, que bonifican la cuota en un 99 por ciento, conservan la normativa, lo que también hacen en el polo opuesto Asturias y Andalucía. Cataluña mantiene también su singular ley del impuesto, donde destacan varias particularidades notables: una tarifa con cinco tramos y tipos impositivos más favorables que los de la tarifa estatal, una importante bonificación variable sobre la cuota, en porcentaje medio ponderado, del 20 al 99 por ciento, según cuantía (aplicándose al cónyuge siempre la bonificación máxima) y, por otra parte, ha aumentado sensiblemente las reducciones por parentesco y por adquisición de vivienda habitual e incluso admite inmuebles para pago de la deuda tributaria; además, ha aprobado unos tipos impositivos muy reducidos para las donaciones (5/9 por ciento).
Y así están las cosas, a la espera de que se resuelva el caos parlamentario al que han llegado nuestros políticos, que parece que va a superar incluso al que ya habían conseguido antes con la regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones que nos ocupa.
