El 15 de marzo publicaba LA NUEVA ESPAÑA una epístola de un vecino de Naraval, don Pablo García Pérez. Se quejaba de que, teniendo que renovar su tarjeta de transporte, los trámites se le hacían prácticamente imposibles: necesitaba un certificado digital, para el que debía obtener por internet una clave. Una vez esta en su mano, podía descargar el certificado en su ordenador. Ahora bien, como no dispone de una conexión suficiente ha de desplazarse 30 kilómetros a un telecentro para efectuar esta última operación; pero como la clave va ligada al ordenador de su casa y a su navegador no puede. En resumen: tiempo, enfados, gastos, dificultades?
Don Pablo no hace más que señalar alguno de los problemas reales que, con el pretexto de la modernización de la Administración y la mejora de los servicios al ciudadano, le complican la vida a éste extraordinariamente. Se parte, en principio, de que todo el mundo sabe desenvolverse en internet y de que dispone de una buena conexión para ello, lo que no es cierto en muchos casos. El problema, además, es que, una vez establecido el mecanismo "moderno" de comunicación con la Administración, las demás vías de hacerlo desaparecen. Y, en último término, ¿por qué todo el mundo ha de tener la obligación de saber moverse en el campo de la telemática o disponer de ella?
No es un caso aislado. Acuda usted, por ejemplo, a una comisaría de barrio para renovar su carné. Allí le dicen que ha de pedir cita. Pero esa gestión no se la pueden realizar allí mismo. Ha de volver a su casa y, desde ahí, pedir la vez por teléfono o internet a una oficina centralizadora. Lo mismo ocurre para las citas en otros organismos estatales. ¿Tal vez se supone que el tiempo perdido por el ciudadano, y un cierto sentimiento de humillación, no tienen importancia? ¿Se sospecha, acaso, que la gente no trabaja en este país?
He aquí otro inconveniente de envergadura: la facturación electrónica a las administraciones. Se pregonó la idea como una fórmula para agilizar la gestión de los acreedores (al mismo tiempo, evidentemente, que se pretende con ella un mayor control hacendístico). Pues bien, en la práctica se ha convertido en un batiburrillo: cada Administración puede tener su propio protocolo de acceso y gestión, o requerir un navegador determinado con exclusión de otros, de modo que hay que ensayar a ver si se acierta con dicho protocolo o si, vía telefónica, se da con alguien que conozca las claves y que, de conocerlas, esté disponible. No acaba ahí la cosa después de ese viario que es en ocasiones viacrucis: acaso, por ejemplo, tu java se ha actualizado durante la noche y lo que era posible ayer ya no lo es hoy.
Hemos visto hasta ahora problemas que entrañan pérdida de tiempo, malestar y gastos para particulares y empresas, todos ellos creados, en principio, bajo el pretexto de la simplificación de trámites y de un mejor servicio al ciudadano. En el fondo, todos esos inconvenientes provienen de que se legisla desde el desconocimiento real y concreto del mundo, desde la abstracción de la "idea" que se entiende como "salvadora", "moderna" y "transformadora"; y, a partir de ahí, "fiat iustitutia et pereat mundus".
Pero no crean ustedes que son nuestros gobiernos los únicos que legislan con desconocimiento del mundo concreto o, en otras palabras, haciendo tabla rasa de la realidad. He aquí que ahora la UE ha dispuesto que los descartes de la pesca (las especies no autorizadas para un concreto pesquero o temporada, las que, autorizadas, no alcanzaban la talla), que antes se arrojaban a la mar, sean, de un lado, registrados -con aumento de la carga burocrática- y llevados a tierra. Ahora bien, ¿qué debe hacerse con ellos una vez en tierra? ¿Venderlos para harina de pescado? ¿Conservarlos en formol? ¿Regalarlos a los turistas? ¿Tirarlos en el puerto? Nadie lo sabe. Y las incógnitas aumentan porque no faltan precisiones sobre el tipo de barcos o pesquerías. He ahí, una vez más, cómo se legisla sin pensar más que en una parte de la realidad.
La directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco de actuación comunitario para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (productos fitosanitarios), traspuesta en España a través del Real Decreto 1311/2012, vigente desde el 25 de noviembre de 2015, ha supuesto también una fuente de imprecisiones (¿qué es, por ejemplo, en concreto, un "huerto familiar"?, ¿cuáles son sus precisas dimensiones o cuyos sus cultivos?, quienes ni son estrictamente profesionales ni cultivan un "huerto familiar", sino por ejemplo árboles frutales, ¿dónde quedan?) y de problemas administrativos, pero de eso hablaremos otro día.
"Timeo Danaos, et dona ferentes", decía el virgílico Laocoonte a sus compatriotas troyanos antes de recibir el letal caballo. "Temo a los legisladores y a las administraciones -podría remedar el sufrido ciudadano-, sobre todo, si quieren ayudarnos y modernizarnos".
