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Alberto Menéndez

Casi seis años después

Lo que fue y lo que pudo haber sido el desenlace político del "caso Marea"

No es de recibo que el juicio del "caso Marea" comience casi seis años después de que la justicia tuviera conocimiento de la existencia de presuntas ilegalidades en la Administración autonómica y se pusiese a investigar, fundamentalmente en las consejerías de Administraciones Públicas y de Educación, destapándose no mucho tiempo después el mayor caso de corrupción habido hasta la fecha en el Principado.

Fallaron de forma estrepitosa los mecanismos de control por parte del Gobierno regional socialista de entonces y, de una u otra manera, éste escándalo puso a los políticos asturianos en su conjunto bajo sospecha permanente por parte de los ciudadanos. Desde que estallara "Marea" nada ha sido igual en la política regional, y el desprestigio de los partidos y de los representantes de los asturianos en las instituciones ha ido en aumento hasta límites insospechados hace no demasiados años.

Empieza el juicio del "caso Marea" pero lo que falta aún por saber, después de hace ya tanto tiempo, es si el Ejecutivo autonómico que presidía en 2010 el socialista Vicente Álvarez Areces actuó todo lo diligentemente que, como quedó demostrado con posterioridad, exigían los graves hechos que estaban siendo investigados, incluso con un consejero implicado.

La escandalera de "Marea" estalló de forma definitiva en el mes de enero de 2011, pero venía fraguándose desde bastantes meses antes. Que la dimisión del consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, en agosto de 2010, tenía que ver con el "caso" no ofrece actualmente ninguna duda. Sin embargo, en el momento de producirse se achacó a cuestiones personales. Sin más. ¿No hubiera sido mejor haber dejado entrever que había algo más detrás? ¿O es que se creía en aquel momento que todo acabaría tapándose y que el escándalo no tendría la trascendencia que finalmente tuvo?

Iglesias Riopedre era un hombre de la máxima confianza de Vicente Álvarez Areces. Precisamente por ello, y para evitar males mayores al propio Gobierno autonómico y al partido que lo sustentaba, el PSOE, el presidente debería haber actuado con la máxima contundencia y claridad desde el principio. ¿Lo hizo?

El "caso Marea" como posteriormente el "caso Fernández Villa" han pasado ya factura política a los socialistas de la región. Pero lo malo para los dirigentes de la Federación Socialista Asturiana es que tanto uno como otro son casos abiertos, es decir, que siguen de actualidad. Les seguirán perjudicando, aunque tanto Iglesias Riopedre como Fernández Villa ya lleven fuera del partido mucho tiempo.

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