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Alberto Menéndez

Inviable evasión

Al PSOE asturiano le esperan meses convulsos a causa del juicio del "caso Marea". Evadirse, evitar ser el centro de atención, le va a resultar muy difícil, por no decir imposible. Si alguien albergaba alguna duda de ello, si algún responsable socialista pensaba que podrían sortear de una u otra manera el temporal, o al menos parte de él, probablemente le haya bastado con analizar las dos primeras jornadas del proceso abierto en la Audiencia Provincial para darse cuenta de por dónde van los tiros. Evidentemente, en el banquillo hay sentados unos acusados por prevaricar, malversar, falsificar o cometer cohecho, entre otros delitos, pero, a la vez, los abogados de la mayoría de ellos tienen en el punto de mira a los gobiernos socialistas, al de hace años, cuando se produjeron los hechos, pero también el de ahora. Son sus objetivos.

Los letrados de varios de los inculpados habían solicitado al actual Ejecutivo del Principado sentarse a negociar algún tipo de pacto que, en su opinión, pudiera beneficiar a las dos partes, a lo que el Gobierno socialista se negó rotundamente. No hubo ni siquiera un acercamiento. Esta actitud, por lo que ve ahora, encorajinó a parte de los abogados.

Pero es que no sólo las defensas de los implicados en "Marea" van a intentar politizar siempre que puedan el caso -como un claro ejemplo ahí está la solicitud de comparecencia de Soledad Saavedra, mujer del expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces, para declarar sobre un presunto desfase de 5 millones en el Instituto Adolfo Posada-, sino que los partidos de la oposición, especialmente Podemos, van a volcarse en los aspectos políticos del escándalo, en intentar sacar la mayor rentabilidad denunciando, como viene haciendo desde ya hace meses, que los dirigentes socialistas no hicieron lo suficiente contra la corrupción.

Que los demás los acorralen es lógico, pero que sean los mismos socialistas los que les faciliten el trabajo les debería hacer recapacitar. Eso es lo que ha pasado con unos datos erróneos enviados por la Administración del Principado a la Audiencia Provincial. Al menos, es lo que dice el Gobierno autonómico.

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