Las contrataciones de los planes de empleo municipales se han convertido en un auténtico problema. Un alto número de ayuntamientos asturianos ha padecido las consecuencias de haber elaborado planes para ayudar a la inserción laboral de personas con dificultades para encontrar trabajo, ya por su edad, ya por su falta de preparación.
Sin embargo, la desaparición del contrato de inserción (una "valentía" zapaterista) y una determinada línea de interpretación de los jueces han provocado un auténtico terremoto para las arcas y las plantillas municipales: han proliferado las sentencias que obligaban a la integración en plantilla de quienes tras trabajar en un plan de empleo municipal cesaban en él, o, en caso contrario, a su indemnización. Con buen criterio, los concejos han decidido, en vez de ampliar las plantillas en decenas o centenares de empleados, indemnizarlos.
(Por cierto, no entiende uno esas sentencias que, sobre no tener en cuenta la finalidad de los planes, rompen con el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Y, al tiempo, liquidan las expectativas de lograr una plaza del conjunto de los ciudadanos.)
El alcalde de Llaviana, con coherencia y honradez, instó a finales del año pasado a que los concejos se rebelasen y no hiciesen planes de empleo para 2016, porque incurrirían inevitablemente en fraude de ley. Y no importa, además, qué modificaciones se introduzcan. Una vez tomada la cuesta abajo, los jueces entenderán siempre que un trabajo en un ayuntamiento es un trabajo necesario y, por tanto, de plantilla.
Con todo, esos planes avanzan en muchos lugares. Costarán pleitos, dineros, y, a veces, ocupación de plazas contra el principio de libre concurrencia (naturalmente, existen otras formas de contratar para la inserción laboral, pero no dan votos).
Es decir, se ponen en marcha actos que constituirán previsiblemente una serie de irregularidades administrativas y económicas.
¿Para cuándo la intervención del fiscal?
