Aunque el título de esta columna evoque a un potencial maravilloso viaje partiendo de un pequeño ducado, que ha sobrevivido como entidad autónoma durante siglos aunque sujeto a distintas ocupaciones, hasta llegar a un país de reciente fundación, ideado en Washington para controlar la vía de comunicación marítima entre los dos grandes océanos mundiales, el lector habrá adivinado que este artículo versa sobre los últimos escándalos tributarios. Quizá como ejemplo de la justicia poética que a veces se descubre en este mundo, uno y otro caso están suponiendo un acicate extraordinario para las nuevas medidas antifraude que Europa está impulsando, aunque casi siempre con los obstáculos de los gobiernos nacionales. Se ha tardado demasiado tiempo, pero estamos ante una oportunidad que no podemos desaprovechar.
El escándalo de Luxemburgo (Luxleaks) focalizado en los acuerdos ad hoc entre el Estado con grandes multinacionales para hacer aflorar allí los beneficios obtenidos en otras jurisdicciones ha supuesto un antes y un después en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Ciertamente, la posición de Jean-Claude Juncker, como antiguo primer ministro luxemburgués ahora en la Presidencia de la Comisión, podría haber supuesto un handicap. Sin embargo, la apertura de una comisión especial en el Parlamento para la investigación de esos acuerdos tributarios al igual que el estudio impulsado por la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, dejaron a Juncker con una única salida: ponerse al frente de tal ofensiva. Siguiendo el refrán por el que "el hábito hace al monje" y seriamente tocado en su credibilidad, Juncker cambió de sombrero con rapidez para acabar apoyando la estrategia tributaria de su comisario de asuntos económicos, el socialista Pierre Moscovici.
Desde entonces, la Comisión ha propuesto con el apoyo del Parlamento nuevas iniciativas para la publicidad de esos acuerdos tributarios entre empresas y Estados, abriendo la vía a denuncias por ayudas de Estado ante el uso discriminatorio de tales pactos. Por cierto, la resolución final fue aprobada con algunas lagunas introducidas por los gobiernos nacionales en el Consejo Europeo que siempre acaban minorando las ambiciones del resto de instituciones europeas. Asimismo, la Comisión ha presentado una directiva para forzar la publicación país por país de los beneficios y pagos tributarios de las grandes multinacionales, amplificando así la transparencia del sistema. Además, el Ejecutivo comunitario trabaja también en la revisión de la regulación actual del IVA transfronterizo, así como en la elaboración de una lista europea de paraísos fiscales que obligue a comunicar las operaciones de las empresas europeas con tales jurisdicciones. Y en la misma línea esperamos para el verano una propuesta para la creación de una base común del impuesto de sociedades. Como respuesta, el Parlamento, y concretamente el Grupo Socialista, ha respaldado todas estas iniciativas, pidiendo más ambición y prolongando la comisión especial creada el pasado año para investigar el Luxleaks y liderando ahora una nueva comisión de investigación para los "papeles de Panamá".
Todas estas medidas suponen un punto de inflexión de gran calado, situando las políticas contra el fraude como una prioridad máxima, en el entorno también de la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, entre ellas el terrorismo. Y esto está ocurriendo después del tiempo perdido en la pasada legislatura europea, protagonizada por una amplia mayoría conservadora, en la que se priorizó una senda de ajuste fiscal centrada en la reducción del gasto público, afectando a los servicios que reciben los ciudadanos, cumplidores mayoritariamente de sus obligaciones tributarias.
Algunas veces Europa nos da malas noticias, aunque casi siempre fruto de las decisiones de los gobiernos nacionales sentados en el Consejo Europeo, como el reciente acuerdo sobre los refugiados, cuya respuesta por parte de la Comisión ha sido la propuesta de la creación de un sistema común de asilo. Pero en otras ocasiones, y liderados desde la Comisión por un socialista como Moscovici y con el apoyo de nuestro grupo en el Parlamento, avanza en la buena dirección.
Probablemente, este paquete de políticas no sea suficiente y debamos mantener una presión permanente. Pero apoyemos estas iniciativas que sólo Europa puede tomar y respaldemos a la prensa libre, base de cualquier democracia, porque todo defraudador debe saber que, tarde o temprano, todo será público. Hace año y medio fue Luxemburgo. Ahora, Panamá. Cuál será el siguiente.
