Como cada primavera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaba esta semana sus previsiones sobre la economía mundial. Y, dentro de lo que cabe (y pese a la incertidumbre política actual), las perspectivas para España no son malas: crecimiento superior al 2% (tanto este año, como el que viene), baja inflación y lento descenso del paro, hasta niveles del 18%. En lo que no profundizaba dicho organismo era en los lastres que pueden dañar estos razonables números.
Y es que, a cada año que pasa, el crecimiento anunciado es menor. Ello es debido a que tanto analistas internos como externos temen que un nuevo Gobierno (sea el que sea? aunque con más riesgo si está Podemos) no acometa las reformas estructurales necesarias para mejorar la competitividad de la economía española (tanto en el marco laboral, como en el fomento de la actividad empresarial, la reducción de cargas burocráticas o, más a largo plazo, en el sistema educativo -muy poco adaptado a un entorno condicionado por la globalización).
Tampoco se abunda en que el tipo de trabajo creado durante los últimos tres años (precario, ligado a sectores como el turístico? con crecientes beneficios y profesionales cada vez más mal pagados) no augura ingresos crecientes para evitar otro de los grandes recortes a afrontar: el de las pensiones. Y es que nos hallamos con una paradoja insostenible en el tiempo: están entrando en el sistema jubilados con una pensión cada vez más alta (la media se acerca a los 1.000 euros), que deben ser pagadas con las cotizaciones de unos empleados que ganan igual o menos que antes del estallido de la crisis. Así que la inercia es buena, pero no nos va ahorrar medidas dolorosas.
