El pretexto es siempre el mismo: la Administración arrastra deudas y la solución más socorrida no es ver cómo y dónde se puede ahorrar, sino privatizar. Y privatizar equivale en muchos casos a malvender; es lo que se ha hecho en Madrid con cerca de dos mil viviendas de protección social, construidas con dinero público y en régimen de alquiler. Se vendieron, cuando gobernaba una alcaldesa del PP, a esos que llamamos "fondos buitre" y que no tardaron en aumentar las mensualidades a los inquilinos. Algunos medios hablan incluso de "mobbing", palabra inglesa que equivale en este caso a hacerles a los ocupantes de esas viviendas la vida imposible para que paguen lo que se le exige o se marchen aunque no tengan dónde ir.
Hace ya muchos años otro alcalde también del PP privatizó por cien pesetas -sí, cien pesetas- un 49% de la empresa municipal de servicios funerarios. Se argumentó que los servicios eran deficitarios, pero dos meses después resultó que arrojaban beneficios millonarios. Además, la empresa así beneficiada no se ocupó del mantenimiento de los cementerios, y ahora que está próxima a expirar la sociedad mixta el nuevo Ayuntamiento de izquierdas tendrá que invertir millones para rehabilitarlos. Y aquel alcalde tan generoso se vio luego recompensado con el bien remunerado puesto de presidente de Ifema, el consorcio madrileño dedicado a organizar ferias, convenciones y congresos, puesto en el que tal vez seguiría de no haberse producido un relevo en ese Ayuntamiento. De igual modo que la alcaldesa bajo cuyo gobierno se privatizaron tantas viviendas de protección social, la del fracaso de la candidatura olímpica madrileña y el "relaxing cup of café con leche", ha sido ahora contratada como asesora por la Organización Mundial del Turismo, que depende de la ONU.
Comentaba todo esto el otro día con un amigo y nos preguntábamos cómo es posible que aquellos a quienes damos en las urnas nuestra confianza para que administren un patrimonio que es de todos, en lugar de cuidarlo, lo desperdicien muchas veces de ese modo y no tengan que responder luego de nada. Como parece que no responderán nunca quienes promovieron la construcción de autopistas que sólo podían ser ruinosas, de aeropuertos sin aviones ni pasajeros, tramos del Ave que apenas utilizan viajeros, ciudades de la Justicia, de las Artes y las Ciencias y demás proyectos megalómanos que, o no se acabaron o, si se terminaron, nos están costando millones. ¿Hay justicia?
