En la tarde de mañana jueves, 28 de abril, el actual marqués de la Romana, Diego del Alcázar y Silvela, estará en la presentación de la compilación documental "Proceso al marqués de la Romana. Documentos sobre la supresión de la Junta de Asturias en 2 de mayo de 1809", que importa para conocer al menos parte de aquella historia, que sin duda será complementada por aportaciones propias del archivo familiar del Marqués que sabemos importante.
A principios de abril de 1809, don Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana, llegó a Oviedo acompañado de Baltasar Argüelles y del comisionado británico y militar William Parker Carroll, ambos representantes del grupo crítico con la actividad que la Junta de Asturias, autodenominada Soberana, venía desarrollando hacía tiempo. Un mes después, el 2 de mayo de 1809 La Romana, jefe supremo de los ejércitos patriotas del centro y norte peninsular, dio orden a José O´Donnell para que con un grupo de soldados disolviera la Junta nombrando otra en su lugar.
La Junta revolucionaria de Asturias había sido pionera en mayo de 1808, cuando se consumó el alzamiento antinapoleónico, al asumir la soberanía en ausencia del monarca legal, proponer un gobierno conjunto nacional, la convocatoria de Cortes y el envío de comisionados demandando la ayuda británica que obtendrían. Aquella Junta difería de las formadas en otras ciudades pues se consideraba continuadora de la histórica Junta General del Principado de Asturias. De hecho sus individuos y cargos, pese a los cambios y reducciones posteriores, fueron los de aquella; y el instigador principal de su política y defensor de su legitimidad y autonomía fue el procurador general Álvaro Flórez Estrada.
En su actividad la Junta asturiana se arrogó poderes totales tanto en la defensa como en el gobierno y actividad judicial. Ello concitó en su contra amplios sectores y personalidades que se sintieron agraviadas por ella. Cuando se constituyó la Junta Suprema Central del Reino, en septiembre, la asturiana designó como representantes a dos ilustres compatriotas, el marqués de Camposagrado y Gaspar Melchor de Jovellanos. Ello frustró las esperanzas de otros. Sumado a todo ello, en el mes de septiembre de 1808 hubo revueltas contra diferentes medidas económicas de la Junta, pues, aunque la guerra aún no se había instalado en tierra astur, la contribución en hombres y recursos reclamaba sacrificios no siempre bien explicados ni entendidos. Y para sumar aún más se acusaba a las autoridades asturianas de malgastar la ayuda que los británicos destinaron a la guerra. Total que 1809 se inició con un grave deterioro de relaciones entre distintos personajes e instituciones asturianas enfrentadas a la Junta. Audiencia, cabildo, órdenes monásticas varias, comisionados extranjeros, ilustres patriotas contrarios generaron un malestar evidente.
La dirección de la guerra a nivel nacional se había hecho muy complicada desde que en diciembre de 1808 el mismo Napoleón Bonaparte dirigiera su Grandé Armée, llegando hasta Madrid, reponiendo a su hermano José I en el trono y determinando la ocupación total peninsular. Entonces la Junta Suprema Central del Reino hubo de desplazarse hacia el sur y en diciembre de aquel aciago año ocho nombró cargos militares para intentar dirigir las operaciones militares. Entre ellos dio el mando de los ejércitos de los reinos de Galicia, Asturias, León y Castilla la Vieja al marqués de la Romana, un militar de prestigio probado ya antes y en campos europeos, al que el inicio del levantamiento cogió en Dinamarca luchando precisamente a las órdenes del mariscal francés Bernardotte cuando éramos aliados. La Romana se las ingenió para, con ayuda de los nuevos amigos ingleses, volver a su patria y ponerse al mando de las tropas que le encomendaran. Pedro Caro hubo de dirigir un ejército mal pertrechado, disperso, apenas avezado en la guerra, con frecuentes deserciones en el momento de gran acoso francés. Tal parecía que el "ejército patriota" solo cosechaba derrotas. Y allí era donde estaban no pocos de los asturianos que luchaban por la "causa". Para colmo las relaciones entre los mando de la alianza anglo-hispano-portuguesa no siempre fueron cordiales.
Así las cosas la llegada de La Romana y parte de sus hombres a Oviedo sumó, al temor de una invasión inminente, la agudización del conflicto interno al tomar partido el Marqués por el sector opositor a la Junta regional. Él nombró otra más propicia a ejecutar sus órdenes, pero desencadenó una tormenta que le había de perseguir más allá de Asturias. De gran azote contra la disolución fueron las incendiarias proclamas, escritos varios y frecuentes de Álvaro Flórez Estrada, quien como procurador general estaba obligado en la defensa de la institución. Desde la Junta Central del Reino Jovellanos y Camposagrado pedirán reiteradamente la reposición de la Junta asturiana, amenazarán con dejar sus cargos y obtendrán finalmente el nombramiento de dos jueces instructores, misión que se antojó muy difícil pues nadie estaba dispuesto a "peregrinar hasta Asturias" en tan difíciles circunstancias para mediar en un encarnizado conflicto regional.
A todo esto, el mismo mes de mayo de aquel "golpe" las tropas imperiales ocuparon el solar asturiano por vez primera y llegaron a la capital obligando al marqués de la Romana a embarcarse el día 18 en Gijón rumbo al occidente. La Romana desembarcó en Ribadeo y se unió a parte de sus tropas en Mondoñedo. Ya no volvería a Asturias, pero su acción le perseguirá. En Oviedo el imperial Kellermann impondrá su ley poco tiempo. Los miembros de la Junta disuelta acusarán al Marqués de no haber sabido ni contener la invasión.
Después de aquello el conflicto se desenvolvió entre papeles. Los comisionados Antonio de Arce y Francisco Ibáñez de Leiva, que habían demorado su presencia lo imposible, llegarán a Asturias en noviembre de 1809, recogerán testimonios y documentos diversos, aguantarán presiones (sobre todo del muy activo Flórez Estrada) y, cuando se consume la segunda invasión, en 1810, dejarán Asturias llevándose gran parte del archivo de la Junta desde 1808, entonces perdido en este proceso hasta fechas recientes.
El tercer marqués de la Romana acabará coincidiendo con Jovellanos y Camposagrado en la Junta Suprema Central del Reino, instalada en Sevilla. Allí se pondrán de manifiesto las tensiones entre varias maneras de ver el futuro de España. Pedro Caro y Sureda, Gaspar de Jovellanos y Álvaro Flórez Estrada no piensan igual. Pero los dos últimos lucharán por devolver a la Junta disuelta el respeto que entienden ultrajado al considerarla identificada con la institución histórica que durante siglos era la guardiana de las constituciones asturianas.
En este libro hablan los 165 documentos de quejas, disposiciones legales y militares, comercio, guerra, deserciones, ideas políticas, de pasados y futuros. Hablan los documentos, unos pocos, de un proceso que quedó para siempre inconcluso porque Pedro Caro y Gaspar de Jovellanos, sus más destacados protagonistas, fallecieron el mismo año de 1811, opuestos en ideas, respetuosos en el trato. Quedará inconcluso porque, luego, libre España de invasores, con una Constitución nueva, parida en el reducto gaditano, habría de consumarse el primer gran exilio doble: los afrancesados se irán tras José I, y los liberales, autores del texto constitucional, se marcharán lejos, muchos al Reino Unido, para salvar su vida por la vuelta al absolutismo del "deseado" Fernando VII que contribuyeron a traer.
Dentro de su proyecto editorial para divulgar documentos históricos, la Junta General del Principado de Asturias de hoy, parlamento asturiano, heredera de nombre de la histórica y centenaria institución, que subsistió desde finales de la edad media hasta principios del XIX, emprendió allá por el año 2008 la publicación, dentro de la serie "Papeles de la guerra de la Independencia", de documentos relativos al apasionante periodo del enunciado. Asturias, como todo el reino, se vio envuelta en una guerra cruel y de desgaste, sufrió hasta cuatro veces invasiones y eligió diputados a Cortes constituyentes, que se ganaron prestigio sobrado en la confección de la primera Constitución Española, la Pepa, de 1812. Pero en el transcurrir de aquellos años, entre 1808 y 1814, hubo episodios de particular relieve como este hecho que de puntual y local pasó a tener transcendencia política nacional.
