Critican ingenuamente los derechosos que el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Podemos, haya utilizado la reforma laboral de Rajoy para denegar la readmisión de una empleada; pero cuando hay dinero de por medio, la experiencia sugiere que las diferencias entre progresistas y conservadores tienden a reducirse a cero.
La trabajadora en cuestión fue despedida en 2012, momento en el que gobernaba una alcaldesa del PP que le aplicó las medidas que el gobierno conservador acababa de sacar del horno. La afectada puso pleito y lo ganó; pero a la hora de recuperar su empleo se encontró con que los nuevos mandamases del Ayuntamiento se acogían -para no readmitirla- a los decretos de Rajoy que Podemos se dispone a derogar tan pronto llegue al poder.
Lo que le reprochan a José María González, "Kichi", el popular y revolucionario alcalde de Cádiz, es la práctica de esa doble moral por la que considera intolerables las facilidades de despido aprobadas por el PP, aunque no encuentre reparo en usarlas cuando le conviene. Los toros se ven de distinto modo desde la barrera y en el ruedo. Ahora que le ha tocado torear como empresario -aunque sea de una empresa pública-, es natural que el alcalde se acoja a las leyes que favorecen a los patrones, por mucho que choque con su proletaria ideología. De ahí que haya acudido a la merma de ingresos de su Consistorio para justificar legalmente el despido.
Antes habían utilizado ya las reformas aprobadas por Rajoy los mismísimos sindicatos. También ellos son, técnicamente, empresas con personal en plantilla que dependen -como todas- de los vaivenes del mercado. Ni UGT ni CC OO tuvieron el menor reparo en despedir a cientos de sus empleados apelando a la reforma laboral que les permite aligerar nómina con el pago de solo veinte días por año trabajado. Esa actitud, solo en apariencia contradictoria, es del todo compatible con el rechazo a la mentada reforma que los líderes sindicales mantienen tenazmente en sus negociaciones con otras empresas y en las manifestaciones del 1 de mayo.
Es lo que tienen los números de cualquier negocio: que hace falta cuadrarlos y no entienden de izquierdas ni derechas. Como sindicalistas, los dirigentes de UGT y CC OO y el alcalde insurgente de Cádiz repudian las facilidades de despido que trajo consigo la reforma de Rajoy; pero como empresarios opinan que sería de tontos no aprovecharse de ellas. Más bien que los políticos, es el dinero el que en realidad toma las decisiones dentro de una empresa o un país. Los sindicatos y hasta los alcaldes del cambio se han limitado a constatar que una cosa es predicar y otra hacer lo que se dice.
