El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad -en funciones, claro- Alfonso Alonso y al vicesecretario del PP, Javier Maroto, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas.
Durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria firmaron un contrato público con un particular a un precio considerado muy superior al de mercado. Se trataba de alquilar unas oficinas al empresario Gonzalo Antón.
El acuerdo obligaba al Ayuntamiento a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años. El local había sido comprado un año antes en 2,7 millones por el susodicho Antón.
El alquiler se estableció en 12.500 euros mensuales aunque los técnicos municipales estimaron que la cuantía era de poco más de 10.000 euros.
No hay que forzar los argumentos para establecer paralelismos con lo ocurrido en el Ayuntamiento de Oviedo a cuenta de las historias de nuestra amiga Magdalena Villa. Un isomorfismo sui generis porque aquí las cifras absolutas y relativas son inmensamente mayores que las de la capital vasca.
El Tribunal de Cuentas tiene mucho de retórico y sospecho que Alonso y Maroto después de las declaraciones de rigor seguirán a su bola. Entre nosotros el vicealcalde Jaime Reinares -del PP, se trata de historias muy populares- fue condenado a un año de cárcel y siguió tan campante como concejal. El partido no lo echó, ni siquiera le instó a dimitir.
El perjuicio económico a Oviedo es 40 veces superior al causado a Vitoria. ¿Va a quedar así?
