Indudablemente, la existencia de fuertes excedentes en el mercado mundial de leche es la causa general del deterioro que vienen experimentando sus precios y que amenaza la viabilidad de muchas explotaciones en nuestro país. No obstante, esta evidencia no puede encubrir la existencia de componentes particulares a nivel europeo que amplifican su impacto en el sector lácteo español. Además de aportar argumentos en esta dirección, en este artículo se trata de mostrar que el futuro del sector lácteo es un problema político que no se puede dejar en manos únicamente del funcionamiento espontáneo de los mercados.
Hasta el año pasado y a lo largo de las últimas décadas, la política lechera europea se ha caracterizado esencialmente por el control de la oferta de leche mediante la asignación de cuotas de producción a los diferentes países de la Unión. No obstante, la eficacia de esta política ha estado siempre muy cuestionada debido, entre otras cosas, a las asimetrías que se han registrado en su aplicación práctica, dado que el reparto efectuado de cuotas ha favorecido el crecimiento desmesurado de la capacidad productiva de unos países a costa de bloquear el crecimiento de otros. Concretamente, mientras que a países del norte y centro de Europa se les asignaban cuotas muy superiores a su consumo, en algunos casos hasta diez veces superiores, a otros como España, sin que nunca se haya explicado la razón de forma convincente, se le adjudicaron producciones más de un tercio por debajo del consumo nacional.
Como era de esperar, esta asignación tan arbitraria de cuotas de producción forzó la existencia de dos categorías de países, por una parte los exportadores, que serían aquellos a los que se permitió producir más de lo que consumían y que buscaron fuera del país la única salida para sus excedentes, y por otra los importadores, aquellos otros países a los que, como a España, se les restringió su producción por debajo de la demanda interna y que se acabaron perfilando como importadores y dependientes de los anteriores.
No obstante, la consolidación de este carácter dependiente asignado a España como país importador de los excedentes de los países privilegiados del norte y centro de Europa no fue la única consecuencia negativa para nuestro país sino que adicionalmente:
a) Al quedar restringida producción lechera en España a menos de dos tercios de nuestro consumo, las empresas transformadoras españolas no pudieron crecer todo lo que hubieran podido si, como mínimo, se hubiera concedido a este país una cuota equivalente a la demanda interior.
b) Este menor crecimiento tanto del subsector productor (ganadería), como de las empresas transformadoras dificultó a éstas últimas el aprovechamiento, por una parte, de las economías de escala que les hubiera permitido lograr reducciones importantes de costes de producción y, por otra, de las economías de alcance que proporcionan mejoras de eficiencia sustantivas en el proceso de comercialización.
c) Adicionalmente, otra consecuencia de la restricción de la producción de materia prima ha sido la focalización de las empresas transformadoras españolas en el mercado nacional dificultando su internacionalización, salvo algunas excepciones muy reveladoras. En este sentido, seguramente que la experiencia más relevante la constituye el desarrollo de ILAS que, al establecerse fuera de España, en países con materia prima abundante, ha demostrado que el potencial transformador español es muy superior al que se puede desarrollar aquí debido al volumen de leche disponible y, lo que es más significativo, que en este sector existen recursos y capacidades empresariales para desarrollar una industria láctea nacional mucho más potente que la actual.
De todo lo anterior se puede deducir, en primer lugar, que los excedentes europeos de leche no se han originado en España. Muy al contrario, nuestro país, al actuar como importador neto, ha asimilado una parte de dichos excedentes contribuyendo a la estabilidad del mercado europeo. En segundo lugar, tales excedentes son el resultado de una política arbitrariamente asimétrica que ha dado ventajas de posición a los productores de algunos países privilegiados, con cuotas superiores a los consumos de sus mercados nacionales, frente a los situados en otros con cuotas fuertemente restrictivas como España.
A pesar de estas evidencias, la UE se ha negado a intervenir en el mercado europeo para controlar la oferta interior de forma efectiva y se ha limitado a animar las reducciones voluntarias de la producción, en lugar de contingentar las producciones de los que están generando los excedentes. En otros términos, al renunciar a regular la oferta, la UE ha dejado la evolución del sector en manos de las fuerzas del mercado.
Esta actitud reviste una enorme gravedad pues pretende obviar, por una parte, que la política lechera seguida en Europa hasta el año pasado es la responsable en buena medida de la situación excedentaria actual y, por otra, que dicha política ha generado tales desigualdades de tamaño y posición en los mercados nacionales que el libre juego de las fuerzas del mercado solo beneficiará a los mismos privilegiados que han logrado crecer y acumular ventajas a costa de dificultar y restringir el crecimiento a otros.
En estas condiciones tan asimétricas, todo economista sabe que la competencia no puede conducir de forma espontánea a la solución eficiente de un problema de excedentes como el actual, ya que la competencia entre desiguales tiende a exacerbar las desigualdades y, por lo tanto, a incrementar la concentración de la producción en unas pocas empresas aumentando su poder de mercado. Cualquier alumno de primer curso de Economía sabe muy bien que la libre competencia solo es un mecanismo de asignación eficiente de los recursos cuando se da el infrecuente caso, entre otros requisitos, de que la competencia sea entre iguales, ya que, de no ser así, será necesaria la intervención y regulación de los mercados para evitar su monopolización.
En síntesis, la UE no puede evitar intervenir de forma decidida para la superación de esta situación excedentaria y España, obviamente, debería ser la más interesada en promover una regulación que evitara a toda costa las asimetrías que tanto la han perjudicado en beneficio de otros. En este sentido, se puede afirmar que el futuro del sector lácteo es un problema esencialmente político ya que no se trata simplemente de eliminar excedentes sino de la forma en que se pretende hacer, lo cual exigirá decisiones orientadas a superar los desequilibrios entre países generados por las políticas aplicadas desde Bruselas.
