Tres años después de haber dejado atrás la peor crisis que ha sufrido España en democracia, los datos económicos positivos se suceden. El último, el del paro registrado en mayo (cuyo descenso en 120.000 personas lo ha hecho retroceder a niveles de 2010).
Pero hay otros síntomas que refuerzan la percepción de mejora: cerca de medio millón de coches vendidos hasta mayo (un 12,5% más que en 2015); un aumento del tráfico diario en las autopistas, con cerca de 18.000 usuarios al día (por encima del mínimo de 16.000, de hace tres años); un aumento de los visados de vivienda nueva, hasta niveles de 2011? Entonces, ¿por qué los nubarrones que insisten en anunciarnos analistas y autoridades de Bruselas?
Básicamente, por la mala calidad del crecimiento de los últimos años, con un empleo de peor condición (si lo comparamos con recesiones anteriores). Atendamos a dos datos: entre una treintena de países europeos, según la agencia Eurostat, España es el segundo país (tras Polonia) con mayor tasa de temporalidad y con más dificultad de convertir trabajo eventual en indefinido. Por otra parte, en una zona dinámica como Cataluña, un 40% de empleos son de baja cualificación, 10 puntos más que la media europea.
¿Y qué puede hacerse, para cambiar un panorama que corre el riesgo de cronificarse? Pues, por ejemplo, reformar el mercado laboral (orientándolo más hacia las facilidades de reocupación, si se consuma un despido, que a proteger empleos, aunque sean poco productivos) y modificar incentivos para que un inversor no prefiera siempre, desde los años 60, hacerlo en suelo o crear un bar/restaurante/hotel para atender turismo de poco gasto y se arriesgue en actividades con mayor valor añadido. Más fácil de decir que de hacer, sí, teniendo en cuenta lo que proponen nuestros partidos (incluidos los nuevos).
