Las relaciones entre Asturies y Andalucía presentan momentos de especial relevancia, social y cultural: la emigración para construir Ensidesa, el "Asturias si yo pudiera" del salmantino Pedro Garfias, que canta Víctor Manuel San José Sánchez, la querella jocosa entre Diego Terreros y el vate de la Pasera, por ejemplo. En lo reciente, ha aparecido un nuevo puente que las ha conjuntado: los casos ERE y Marea.
No es mi intención hacer aquí una valoración de los delitos que unos u otros encausados pudieren haber cometido, ni tengo interés alguno en señalar que los encausados en el ámbito político (hay, al margen, empresarios y sindicalistas) pertenecen al partido socialista. Sobre ello se pronunciarán en su día los jueces y emitirán, en su caso, las oportunas sentencias. No, lo que me interesa señalar aquí es un modo determinado de entender la política y la Administración que consiste, básicamente, en entender que la política (el servicio a los ciudadanos, en el mejor de los sentidos de la palabra "política") está por encima de la legalidad, y que cuando esta constituye un obstáculo para la realización de un proyecto puede saltársela o bordearla.
Quien haya seguido con atención las declaraciones de los testigos o acusados del "caso Marea" tendrá como muy verosímiles las dos circunstancias en que se buscaban facturas anticipadas o falsas. La primera (y según algún declarante era ello o es práctica común en toda la Administración) cuando a finales de año se llegaba a la liquidación de presupuesto. En ese momento, la Consejería a la que le quedaba dinero por gastar buscaba comprometerlo o darlo por gastado, y ello por dos razones: por no perder esas partidas, que se podrían ejercitar el año venidero, y por evitar dar la impresión de que le sobraba dinero, lo que provocaría inmediatamente la demanda de otra Consejería.
La segunda, cuando, agotado el presupuesto en una partida -o totalmente agotado-, era necesario realizar una obra de manera urgente (pongan ustedes en octubre a unos padres sin calefacción o con goteras en el colegio de sus hijos y échense a temblar). En ese caso, una empresa actuaba, digámoslo así, a crédito, o, si quieren, "de banquero". Realizaba las obras sin contratación específica a cargo de otras partidas o de compromisos (orales, claro) para los próximos presupuestos. A partir de ahí, naturalmente, las cosas debían caminar por una senda de "anomalía" administrativa.
El auto del juez Álvaro Martín sobre los ERE andaluces, el que sienta en el banquillo a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, describe así la "prevaricación continuada" de la Junta de Andalucía: "Una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones y a los procedimientos de presupuestación, sin que se les pueda dar una explicación mínimamente razonable, si no es la de pretender eludir dichos procedimientos por un mal entendido espíritu de agilización del funcionamiento de la Administración, la cual, vistas las deficiencias buscadas o asumidas, resulta ser una explicación inaceptable".
He ahí, pues, el puente común entre ambos casos, que ahora están ante los tribunales: la voluntad de resolver lo mejor y antes posible asuntos de trámite reglamentado, la voluntad de saltar las reglas en pro de la eficacia o el amiguismo. La idea de que la política todo lo puede ("menos convertir a un hombre en mujer", decía un antiguo diputado, y aun eso debe ser hoy posible) y de que las reglas administrativas no son más que controles que sirven para dificultar la voluntad omnímoda de los gobernantes.
Que luego, en ese caldo, se creen amistades y complicidades, se paguen o intercambien favores, los mandos intermedios metan o no el dinero en el bolsillo, las empresas o sindicatos no cumplan los requisitos de aquello para que han sido subvencionados, entra dentro de la más elemental de lógicas y hábitos del comportamiento humano. Pero eso es ya materia de otros ámbitos: los de la justicia. Lo único que me importa aquí aclarar es lo que creo haber hecho: el fundamento político-administrativo de todo ello; la concepción del Estado y la política que subyace en ambos casos y lo que está detrás de ellos.
