Un conjunto de frases grabadas en una conversación se supone que privada, algunas de ellas descontextualizadas, no dan para construir un relato suficientemente verosímil. Parece, sin embargo, que el ministro del Interior se dedicaba hace dos años a buscar la fórmula con que dañar la credibilidad de algunos políticos secesionistas catalanes en vísperas de la consulta pseudoindependentista de 2014. El Ministro supuestamente conspiraba, en compañía del jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, contra dirigentes de CDC y ERC. En fin.
La política es eterna conspiración como demuestra el hecho de que casi dos años más tarde días antes de acudir a las urnas se publiquen estas conversaciones y los partidos de la oposición decidan utilizarlas sin medir el alcance de su gravedad, para conspirar contra el partido del gobierno y sacar la mayor rentabilidad de ellas. La historia ya la conocemos, es tan vieja como lo pueden ser las cloacas del Estado.
El mayor problema de este enojoso asunto no es la conducta inapropiada de Jorge Fernández Díaz ni siquiera la sospechosa actitud del director de la Oficina Antifraude que, para defenderse, se dedica a señalar uno tras otro a los miembros del Parlament. El problema es que a un ministro del Interior de este país se le pueda grabar de la manera en que se le grabó, con micrófonos ocultos en su despacho o con un teléfono zombi, violando un elemental principio de confidencialidad. El asunto debería preocupar a todos los partidos, que a lo único que están dispuestos es a sacar rédito de las grabaciones.
La oposición cree que puede obtener beneficio de ello. No sabemos todavía si habrá convocatorias callejeras en la jornada de reflexión. Y los independentistas intentan transmitir que son una vez más víctimas de un complot del Estado. Juzguen.
