O es una decisión personal o es que le han convencido los pesos pesados de su partido, pero lo cierto es que el socialista Pedro Sánchez da la sensación de que se ha decantado por la mesura tras el 26-J. No sólo ha pasado a un segundo plano de la política nacional sino que incluso permanece imperturbable ante las declaraciones de los barones territoriales del PSOE. No hay declaraciones precipitadas ni, aparentemente, interés en intentar mediatizar la reunión del comité federal del partido (del que saldrán las líneas maestras de actuación del Partido Socialista para las próximas semanas), como sucedió tras los comicios de hace seis meses.
El PSOE está en el ojo del huracán político. Pero a diferencia de lo sucedido tras el 20-D parece que no está dispuesto a crear, al menos por ahora, expectativa alguna de gobierno. La iniciativa para formar un nuevo ejecutivo corresponde al PP, insiste, y es Rajoy el que debe dar los pasos que considere oportunos para conseguirlo. Lo que buscan los socialistas es trasladar al líder popular si no toda sí al menos la mayor parte de la responsabilidad de que se acabe o no con el bloqueo político en el país, siendo conscientes, por supuesto, de que quedar al margen de todo este difícil proceso de investidura de un posible presidente del centro-derecha es imposible.
Ha llegado el momento de no caer, una vez más, en la tentación de las falsas promesas y de adecuarse a lo posible, a lo realizable. Hablar de la reforma de la Constitución como han venido haciendo el PSOE, Podemos y Ciudadanos en los últimos meses pero sin contar para nada con la opinión del PP (que no estaba por la labor) no tenía ningún sentido. Era electoralismo puro y duro. Pero las cosas parece que han cambiado algo desde el pasado 26 de junio: es como si los populares se hubiesen dado cuenta de que su tradicional inmovilismo no les iba a llevar a ninguna parte y que por eso hayan abierto la puerta a, al menos, hablar con el resto de partidos (incluidos el Socialista) de la reforma constitucional y también de la legislación laboral. Ahora habrá que ver si unos y otros se desprenden de sus disfraces electoralistas y, por fin, apuestan por avanzar en pos de acuerdos que faciliten la gobernabilidad de España. Para ello todos están obligados a ceder.
