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Eurodiputado asturiano del PSOE

Sanciones europeas por nuestros déficits fiscales

El incumplimiento por parte del Gobierno español de sus compromisos con la Comisión Europea

Hoy, jueves, la Comisión Europea hará pública la apertura del expediente sancionador a España, no sólo por el incumplimiento del objetivo de déficit público del pasado año, sino esencialmente por la ausencia de la toma en consideración de medidas correctoras. El gobierno español acusó en su día a las comunidades autónomas por elevar el gasto ante las elecciones regionales, ahora bien la mayoría de ellas estaban lideradas por el PP en el primer semestre de 2015. Con todo, la crítica a los gobiernos autonómicos es totalmente parcial porque es el ejecutivo central quien reparte los objetivos de déficit entre los distintos niveles administrativos, y esa asignación se ha venido realizando sin amparo de argumentos sostenibles.

Aun así, el grueso del incumplimiento puede atribuirse a las cuentas de la Administración Central: el Estado y la Seguridad Social. El primero, por el recorte del impuesto sobre la renta, con mayor incidencia en las capas de mayores ingresos, que redujo la recaudación en 4.000 millones de euros sólo en 2015. Y la segunda, por la política de bonificaciones generalizadas que no sólo no crea un sólo puesto de trabajo neto, sino que además fortalece la espiral negativa en la que ha entrado la propia Seguridad Social y el Fondo de Reserva.

Todo empeora, además, si se revisan las previsiones para el año en curso. El gobierno planea terminar ahora el ejercicio con un déficit del 3,6 por ciento del PIB, casi un punto por encima del objetivo del inicio del año, y sólo en los primeros cinco meses de 2016 el saldo negativo del Estado ya era superior al registrado en 2015. Y estos datos fiscales se registran cuando el país experimenta un crecimiento económico por encima del potencial, empujado por la política monetaria del BCE, el rescate bancario y los reducidos costes del petróleo; todo ello con un mayor impacto positivo sobre una economía muy endeudada y altamente dependiente de las importaciones de energía como la española.

En fin, el problema de fondo es que el desequilibrio fiscal de 2015 no responde a cuestiones ajenas al control del ejecutivo, no hubo una recaída en la actividad, un repunte del desempleo, una crisis de un gran banco sistémico, ni un desastre natural. Responde fundamentalmente a decisiones políticas irresponsablemente tomadas en año electoral. Y esta es la cuestión porque los socialistas logramos en 2015 una revisión en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para dotarlo de más flexibilidad, para negociar sendas fiscales más suaves, pero sólo bajo condicionantes externos objetivos.

Eso se ha hecho con Francia o Italia y ahora España, que debería aspirar a usar ese mismo margen, se encuentra ante una potencial multa porque ha tomado medidas presupuestarias, en el lado de ingresos, en el sentido inverso a sus compromisos políticos y legales. Así pues, tras la apertura del expediente sancionador, el proceso podría concluir con una multa de hasta 2.100 millones de euros, pero además con el bloqueo de los fondos de cohesión y desarrollo con destino a España. Estamos hablando, por cierto, de acabar con la financiación de los nuevos programas adscritos al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Esto no es una broma.

Los socialistas continuaremos presionando para construir una auténtica política fiscal global para la eurozona, junto con la adecuación de unos compromisos presupuestarios para los Estados miembros, que garanticen la estabilidad fiscal y el espacio para el impulso a política anti-cíclicas. Ya se ha revisado la aplicación del actual Pacto de Estabilidad y, por ello, defendemos que no haya ni sanciones ni bloqueos de financiación europea a nuestro país, aunque ciertamente el comportamiento de Rajoy no ayuda.

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