Allá por el año 1972 se produjo la dimisión del Presidente de los EE UU -Richard Nixon- por un conjunto de actuaciones ilícitas, a cargo del aparato del Estado (CIA, FBI, etc.), conocidas por el Presidente, con el propósito de sacar ventaja frente a sus adversarios políticos.
Hace unas semanas se ha conocido, a partir de unas grabaciones efectuadas al Ministro del Interior de España en su propia sede ministerial, que éste, en colaboración con Daniel de Alfonso (Jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña), conspiraron y ejecutaron acciones, prevaliéndose de sus cargos, para atentar contra sus adversarios políticos -básicamente del ámbito nacionalista catalán- hasta el punto de adoptar iniciativas extramuros del Estado de Derecho (campañas de prensa basadas en infundios, calumnias, denuncias falsas, etc.) incompatibles con una sociedad sana y equilibrada.
Sugiero este paralelismo -con parecido sustrato, al margen de los particularismos de cada caso- para confrontar las consecuencias que se han seguido de ambos sucesos en cada caso. En EE UU los efectos alcanzaron al propio Presidente, que se vio obligado a presentar la dimisión, y puso de manifiesto el vigor y la solidez del Estado y del sistema democrático del país, cuyo aparato administrativo y judicial funcionó como se esperaba, al tiempo que revalidó el papel de los medios de comunicación en las sociedades democráticas, con el reconocimiento al "Whashington Post" de un papel estelar en la investigación y descubrimiento de los hechos. En España, y salvo que hechos posteriores me corrijan -no lo espero-, el Ministro continúa en sus responsabilidades, y no se conoce ninguna actuación del aparato del Estado para reaccionar frente a un atentado tan burdo y peligroso al Estado de Derecho por parte de quien, precisamente, está llamado a ser su más fiel servidor.
Solo se me ocurren dos motivos plausibles para que esta inacción se produzca, y ninguno de ellos debe tranquilizarnos. Es posible que el hecho de que las víctimas del Maquiavelo revivido, que ostenta la cartera de Interior, sean de perfil nacionalista, "justifique" a los ojos de muchos españoles la connivencia por omisión del aparato del Estado con semejante despropósito; si ello es así, estaríamos en presencia de una gravísima desviación con respecto al recto entendimiento del Estado de Derecho, cuya esencia consiste en que los gobiernos en su ejecutoria estén constreñidos a los procedimientos regulados por Ley y por el absoluto respeto a los Derechos Fundamentales; parece ocioso señalar, a este respecto, que los representantes políticos catalanes no están excluidos de este núcleo de derechos, aunque ello parezca desprenderse del contenido de las conversaciones grabadas, ya que a juicio de ambos responsables institucionales los catalanes son enemigos a derrotar en clave cuasi militar, sin perjuicio de los procedimientos a emplear, todo ello aderezado con expresiones cuarteleras propias de un tiempo ya prescrito.
Otro modo de entender la deserción generalizada de las instituciones del Estado -y de buena parte de la sociedad española- en la adecuada respuesta ante semejante dislate enlaza con la debilidad de nuestro sistema democrático, que pivota sobre una base social e institucional extremadamente débil, en consonancia con la historia de un país -el nuestro- que no se ha caracterizado, precisamente, por sus escrúpulos en la materia.
La trama organizada por el Ministro del Interior, con el apoyo inestimable del máximo responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, contó, como medio instrumental garante del éxito, con la colaboración de algunos medios de comunicación de relevancia nacional, que llevaron el libelo a sus primeras páginas, sin que al día de la fecha hayan realizado rectificación alguna, obligados como están, desde el más elemental sentido de la ética profesional -y de la decencia, diría yo- y del servicio que deben prestar a sus lectores, en clave de objetividad y ecuanimidad, sin perjuicio de que fueran conocedores de la inveracidad de la información, o de que fueran "intoxicados" por el propio Ministerio.
Una vez más, la reacción y el comportamiento del "Washington Post" -retomando el paralelismo inicial- comparado con los periódicos españoles a los que aludo marca la pauta de la salud democrática de cada cual y -me temo- de las sociedades a las que supuestamente sirven.
En definitiva, estamos en el frontispicio de la formación de un nuevo Gobierno para España, y aún a sabiendas de que la formación del mismo parece constituir el nuevo "desiderátum" nacional, por encima de cualquier consideración basada en principios y valores éticos, en un momento de nuestra historia de absoluto relativismo en la materia, con primacía de intereses puramente materialistas, no estaría de más darle una oportunidad al nonato proyecto regeneracionista por la vía de plantear como una primera exigencia innegociable que el actual Ministro del Interior quede incapacitado -de facto- para el ejercicio de responsabilidades políticas en el próximo futuro.
