No soplan buenos vientos para El Musel, cuyas obras de ampliación están siendo investigadas por la Audiencia Nacional como también los altos cargos que ordenaron y supervisaron la actuación y responsables técnicos de las empresas que la ejecutaron. Por si fuera poco, sobre el futuro más inmediato del Puerto de Gijón pende, como espada de Damocles, la orden de devolución de las multimillonarias ayudas europeas concedidas a unos trabajos que acaba de cuestionar también el Tribunal de Cuentas.

El informe de este organismo es, en algunos aspectos, demoledor, hasta el punto de plantear incluso si era aconsejable acometer, a la vista del resultado obtenido, una obra faraónica cuyo coste superó finalmente los 800 millones de euros, con desorbitados sobrecostes. Es cierto que las obras finalizaron en el peor momento de la crisis económica, lo que impidió que la Autoridad Portuaria pudiera obtener réditos suficientes de la costosa actuación y argumentos suficientes para defender los trabajos realizados; pero hay que reconocer, como señala el organismo contable, que ampliar un 30% la superficie portuaria ganada al mar para certificar finalmente que la ampliación sólo ha supuesto el 11,5% del total de los ingresos por tasas y tarifas del puerto, supone que la previsión que se hizo para justificar tamaña actuación era escasamente realista.

Si malo es que las obras de El Musel y sus antiguos dirigentes tengan que desfilar por la Audiencia Nacional, no resulta menos grave la situación financiera que el Puerto atraviesa, ya que a partir de este año deberá amortizar el crédito concedido por Puertos del Estado para financiar los sobrecostes, por valor de 215 millones de euros, más un préstamo del Banco Europeo de Inversiones. La deuda de El Musel es en estos momentos desorbitada. El Tribunal de Cuentas la cifraba, a finales de 2014, en 465.710.000 euros. Una pesada losa que impide al puerto ser competitivo.

Si se confirman los supuestos delitos e irregularidades que la Audiencia Nacional investiga a instancias de la fiscalía, que los responsables paguen; pero una vez que la ampliación portuaria es una realidad, habrá que defender una obra absolutamente necesaria para situar al puerto de Gijón en un escenario de máxima competitividad, a 25 años vista. La Autoridad Portuaria necesita en este momento estabilidad y apoyo institucional y político de una región a la que las dársenas gijonesas aportan por encima del 12% de su Producto Interior Bruto. Una aportación que ha ido creciendo año tras año, del 8,58% de 1995 al 11,10% de una década después.

El Musel es una de las patas principales de la economía asturiana, del que dependen cerca de 25.000 empleos directos e indirectos que no sólo hay que mantener, sino además tratar de incrementar. Si el puerto consolida su estrategia de diversificación y si logra aportar, con mayor calidad y eficacia, los servicios marítimos frecuentes, económicos y eficientes que el tejido empresarial asturiano requiere, habrá dado un paso de gigante para salir de la sima financiera en la que se encuentra y que amenaza gravemente su estabilidad.