¿Se acuerdan de las huelgas y grandes manifestaciones callejeras, muchas veces violentas, que sacudieron durante meses toda Francia por culpa de eso que eufemísticamente llaman "reforma" de su legislación laboral?
Sucesos mucho más dramáticos, como los recientes atentados terroristas de Niza, parecen haber relegado todo aquello a un segundo plano.
Y, sin embargo, el Gobierno de François Hollande ha aprovechado el tiempo y, después de meses de huelgas y movilizaciones sindicales y la introducción de nada menos que 7.000 enmiendas, la ley ha sido aprobada por el Parlamento.
A diferencia de lo que ocurrió en las dos primeras lecturas de la ley, los "frondistas" -ala izquierda- del Partido Socialista de Hollande renunciaron esta vez a presentar una moción de censura contra el Gobierno.
Destinada, según sus promotores, a aumentar la competitividad de la economía francesa, la nueva ley, que facilita el despido a imitación de las ya en vigor en otros países europeos como el nuestro, es, sin embargo, rechazada por un 70 por ciento de los franceses.
El punto más polémico de todos afecta a la autonomía de los interlocutores sociales: según la nueva legislación, los acuerdos que se adopten a nivel de empresa tendrán prioridad sobre los convenios colectivos y la famosa ley de las 35 horas.
Todo ello constituye una gran novedad en un país tradicionalmente tan centralista como es Francia y ha motivado las protestas de dos grandes sindicatos, la CGT y Force Ouvrière, porque desequilibra aún más la relación entre patronos y trabajadores en beneficio de los primeros.
Las empresas podrán ahora imponer a los trabajadores horarios laborales más extensos argumentando que de no tomarse esas medidas tendrán que reducir la plantilla y en caso extremo incluso cerrar una fábrica.
El Gobierno se ha visto obligado, es cierto, a hacer algunas concesiones: en un principio, se pretendía que cualquier empresa pudiera recurrir a despidos de personal justificándolos únicamente por las caídas de la cifra de negocios en uno o varios trimestres sucesivos, según los casos.
De acuerdo con la nueva redacción de la ley, ése es sólo el caso de las empresas pequeñas y medianas: una multinacional no podrá hacerlo si las pérdidas de pedidos o la caída de la facturación se limitan a sus operaciones en Francia y a aquélla le va bien por el contrario en el resto del mundo.
Las empresas de menos tamaño sí podrán proceder a despidos si sufren una disminución de su cifra de negocios en un solo trimestre en el caso de hasta 11 asalariados, de dos trimestres sucesivos si la plantilla llega a 45, de tres, hasta 299 y de cuatro, las de más de esa cifra.
Como concesión al único gran sindicato que no movilizó a las suyos contra la ley, la CFDT, socialdemócrata, rival de la CGT, de inspiración comunista, el Gobierno de Hollande renunció a su plan inicial de fijar por ley un techo a las indemnizaciones por despido.
Los sindicatos más combativos no se dan, sin embargo, por vencidos y anuncian para el mes de septiembre nuevas movilizaciones de sus afiliados. ¡Veremos!
