06 de agosto de 2016
06.08.2016

Por unos servicios públicos de calidad y sostenibles

06.08.2016 | 06:28
Por unos servicios públicos de calidad y sostenibles

El conocimiento esta semana, en Mieres y en Gijón, de una carta del Ministerio de Hacienda advirtiendo a ambos ayuntamientos de la amenaza de cierre de varias empresas municipales por acumular déficits ha levantado una enorme polvareda a nivel local, donde se critica duramente la injerencia del ministro Montoro en asuntos de competencia municipal. Este control estatal de las cuentas municipales está previsto en la polémica ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, recurrida ante el Tribunal Constitucional por más de tres mil ayuntamientos españoles, entre los que no se encuentra el de Gijón.

De alguna forma, lo que Montoro ha pedido al Ayuntamiento gijonés, con enorme estruendo y seguramente a destiempo, ha sido lo mismo a que se comprometió Carmen Moriyón cuando accedió a la Alcaldía en su primer mandato, en 2011: el saneamiento de las empresas municipales. Y que no ha conseguido, a la vista del déficit que algunas de ellas acumulan, como reconoce la advertencia del Ministerio de Hacienda.

Moriyón, que anunció a su llegada al poder municipal una política de gestión austera, ha tenido que soportar en los dos últimos años el escarnio que supone el saco sin fondo en que se ha convertido Divertia, la empresa municipal que gestiona el ocio y los festejos, cuyo déficit crece año tras año, en buena parte por culpa de la pésima gestión económica en la organización del Festival Internacional de Cine, con frecuentes sobrecostes. Por incumplir año tras año su presupuesto, Divertia entró en las dos últimas anualidades en causa de disolución, obligando al Ayuntamiento a enjugar su déficit con partidas liberadas de otras áreas municipales.

Seguramente la advertencia de Montoro a los ayuntamientos españoles con empresas deficitarias haya sido más un guiño a Europa y a la exigencia comunitaria de cumplimiento de los compromisos de déficit de las administraciones públicas españolas que una amenaza cierta de cierre, como se apresuraron a reconocer el jueves fuentes ministeriales, a la vista del enorme revuelo levantado en Asturias. De cualquier forma, esa injerencia ministerial en asuntos de la autonomía municipal ha de servir para que los organismos municipales dejen de gastar lo que no tienen. Aun reconociendo que los ayuntamientos son los poderes públicos con menor déficit y que algunos de los servicios que se cuestionan son deficitarios por el fin social que cumplen, como es el caso de las tarifas económicas para colectivos desfavorecidos en el autobús municipal de Gijón o la empresa de la Vivienda.

No es preciso privatizar las empresas municipales, ni ése parece el mensaje que subyace en el escrito que firma la secretaria general del Ministerio de Hacienda remitido al Ayuntamiento el 22 de julio y sorprendentemente ocultado por el gobierno local hasta el pasado miércoles. Lo que sí es de obligatorio cumplimiento es ofrecer desde el Ayuntamiento a los gijoneses servicios de calidad y sostenibles a un coste asumible que no acabe repercutiendo de forma gravosa en el bolsillo del ciudadano.

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