El pasado 18 de julio, el Consejo de Agricultura de la Unión Europea acordó un paquete de medidas para el sector lácteo europeo, por importe de 500 millones de euros. En la página oficial del Consejo de la Unión Europea, D.ª Gabriela Matecná, Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Eslovaquia y Presidenta actual del Consejo, anunciaba y realizaba la siguiente declaración: "Hoy es un día importante. Hemos acordado soluciones para ayudar a los agricultores europeos a hacer frente al persistente deterioro de sus vidas como consecuencia de la contracción del mercado y de la volatilidad de los precios. Este conjunto de medidas de ayuda por valor de 500 millones de euros confirma la importancia fundamental de la agricultura para la economía europea y la sociedad en general, y coincide plenamente con la orientación al mercado de la PAC.". Los miembros del Consejo reconocen el grave deterioro que el sector lácteo viene sufriendo y creo que nadie puede estar en desacuerdo con estos planteamientos, las diferencias surgen en el análisis de las causas que originaron la actual situación de crisis. Para algunos, entre los que se incluyen varios de los ministros que integran el Consejo de Agricultura de Europa, la causa fundamental y exclusiva que origina la actual situación de grave crisis que el sector sufre es la caída de la demanda de leche y productos lácteos en China y Rusia. Para ellos, el aumento de la demanda mundial de productos lácteos podría asumir cualquier incremento de la producción, y, por tanto, no se debería haber producido el actual desplome de precios para los ganaderos europeos. El error de sus planteamientos a la fecha de hoy es palmario. Por el contrario, cada vez son más los que achacan la actual situación de grave crisis a los efectos de las medidas tomadas en la última reforma de la PAC: la eliminación de las cuotas lácteas y la práctica supresión de las medidas reguladoras de mercado, que dejaron al sector lácteo a expensas de la evolución de los mercados. Para ellos, esta reforma es el origen de todos los "males" que afectan actualmente al sector lácteo europeo. Medidas, que como ya planteé en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA de fecha 3.04.2016, que fueron adoptadas por el Consejo y la Comisión, siendo plenamente conscientes de los graves riesgos que las mismas implicaban para el sector lácteo europeo. También manifestaba que no había en el seno de las instituciones europeas la más mínima voluntad de modificar los planteamientos que llevaron al sector a la situación en la que se encuentra, como se viene confirmando a la luz de la observación de las medidas que las instituciones europeas vienen adoptando y de las que el último Consejo es un claro ejemplo.
Pues bien, las medidas del Consejo de 18 de julio, son, en mi opinión, un nuevo parche adoptado básicamente bajo la presión de Francia y Alemania, que intenta, por una parte, acabar con las protestas generadas por los ganaderos de algunos estados miembros, y por otra, como la Presidenta del Consejo afirmaba: dar liquidez al sector, con el objetivo de que al menos los ganaderos superen el año 2016, pues, para el Consejo, es teóricamente previsible una mejora en el mercado mundial de los productos lácteos en el primer semestre del año 2017.
Las medidas propuestas son fundamentalmente dos:
-150 millones de euros a aquellos agricultores europeos que decidan voluntariamente reducir sus entregas de leche a la industria en un periodo de tres meses. Este periodo de reducción se debe de situar entre el mes de octubre 2016 y el mes de marzo de 2017 (el ganadero define los meses en los que va a reducir su producción dentro de este margen) y la referencia para evaluar la reducción serán los mismos meses del año anterior, por tanto el primer periodo será de octubre a diciembre de 2016, y se compara con el mismo periodo del año anterior, con un pago único estimado en 0,14 de euros por litro de leche abandonado
-y 350 millones de euros para: "ayudar a los productores a hacer frente a los problemas de liquidez", una ayuda que se concederá a nuestros agricultores según unos criterios de carácter general, que se fijaran por Reglamento de la UE y sobre los que cada estado miembro tendrá posibilidades de establecer criterios adecuados a su realidad nacional. A España se calcula le corresponderán 14,5 millones de euros, para los que el MAGRAMA, es de esperar en colaboración con las principales comunidades autónomas productoras de leche, deberá fijar criterios de reparto.
Además, también se adoptaron otras medidas, que, en mi opinión, tienen mucho menos calado: una revisión de los acuerdos de ayuda asociada voluntaria para el sector de los productos lácteos, una ampliación de la intervención pública y el almacenamiento privado para la leche desnatada en polvo, el pago temprano de la PAC 2016, pudiéndose abonar sin que sea necesario que hayan concluido los controles sobre el terreno.
Quisiera llamar la atención sobre lo incongruente de la propuesta de reducción de la producción aprobada. Esta medida tiene como objetivo exclusivo reducir la producción de leche de los ganaderos que voluntariamente así lo decidan, pero nada plantea sobre los ganaderos que voluntariamente deciden lo contrario -aumentar su producción de forma ilimitada- situación que de forma generalizada se va a dar en algunos estados miembros, de los que Irlanda es el ejemplo paradigmático. Gastamos recursos económicos para incentivar la reducción de la producción de los ganaderos que de forma voluntaria así lo decidan, sin tener en cuenta que otros pueden incrementar de forma ilimitada en cantidad y tiempo su producción. La incongruencia de la medida es más que evidente. Los responsables políticos que la adoptaron deberían explicar los auténticos motivos/causas de su decisión, que personalmente entiendo, más tienen que ver con lo ya comentado: poner parches a la espera de que el mercado todo lo arregle, y, por el contrario, se abandona la idea de cambiar la última reforma de la PAC, que es la auténtica responsable de la actual crisis del sector ganadero europeo.
En España, esta medida resulta aún más incomprensible, ya que somos un país en el que la producción de leche no satisface ni de lejos el consumo interno. Estimular el abandono aunque este sea temporal, no parece que sea la senda que se deba de adoptar ya que ello nos conduciría a nivel nacional a una mayor dependencia de las importaciones. Parece más que evidente, y así se puso de relieve el pasado 4 de agosto en la jornada sobre el sector lácteo y la política agraria común que se celebró en los cursos de La Granda, coordinada por el presidente de ILAS, D. Francisco Rodríguez, que esta medida debería ser adoptada en exclusiva por los ganaderos de los estados miembros que sí contribuyen de forma clara a la generación de los excedentes de producción a nivel de la UE, aunque, en todo caso, su eficacia sea más que cuestionable.
Y para acabar, a lo incongruente de esta medida añadir que, según el grado de conocimiento que de la misma se tiene, ya que no hay nada más que borradores de reglamentación europea y nacional, a la fecha de hoy, que desarrollen los acuerdos del Consejo, se podría dar la paradoja de que los ganaderos que sí produjeron en el periodo de referencia del año 2015 pero que posteriormente abandonaron la producción de forma definitiva, puedan cobrar esta ayuda al abandono temporal. Técnicamente, esta medida no respeta el denominado "peso muerto" de las ayudas, que según el informe 1/2013 del Tribunal de Cuentas Europeo, se define como: "situación en la que un proyecto subvencionado se habría llevado a cabo, total o parcialmente, sin dicha subvención", indicando, además, que este tipo de proyectos en ningún caso deben ser subvencionados. Esta medida, tal y como se conoce actualmente, o se cambia o su legalidad será más que discutible.
Cabe preguntarse a qué se debe el hecho de que los responsables políticos europeos del sector se empecinen en desarrollar esta medida a pesar de su clara falta de racionalidad. Entiendo que ello más tiene que ver con la propia situación de gran debilidad política de las instituciones europeas frente a los países europeos que son contribuyentes netos al presupuesto europeo (el que paga manda, que en las instituciones europeas también está hoy operativo), y que defienden exclusivamente sus propios intereses sectoriales, muy alejados de los principios fundacionales de la construcción europea, los que, por otra, parte deberían ser los únicos que alumbrasen cualquier toma de decisiones.
En este estado de la cuestión, el desapego de los ciudadanos ingleses que acarreó el abandono del proyecto europeo, no debería sorprender ya a nadie, máxime si a esto se suma la constante que en todos los países miembros se viene produciendo, derivada de que los responsables sectoriales políticos nacionales tienen como único discurso cargar de culpa a las instituciones europeas de todo efecto perturbador o negativo, sin asumir, en ningún caso, que ellos mismos son parte de esas instituciones europeas, utilizando este planteamiento para, en muchos casos, no asumir su propia responsabilidad en la toma de decisiones a nivel europeo o en la adopción de políticas nacionales que modulen o atemperen los efectos indeseables de estas decisiones europeas. Estamos ante una Europa en la que sus máximos responsables políticos están superados por sus propios problemas nacionales, abandonando de forma clara la construcción europea. Mal futuro para el sector lácteo europeo y para el proyecto europeo.
