No se recuerda un retrato tan deprimente de la política nacional como el protagonizado por los candidatos de los partidos en lo que va de año. El del más votado, teóricamente el único con posibilidades reales de formar gobierno, acudirá a la investidura dando por hecho que no logrará los apoyos suficientes para imponer una mayoría simple en el parlamento que permita al país salir de la situación en que se encuentra. Si en dos meses no lo consigue la consecuencia inmediata serían unas nuevas elecciones el próximo 25 de diciembre, fecha que contribuirá a remarcar el disparate en que estamos sumidos. Lo culminarían, además, un par de legislaturas fallidas en un solo año.
Es lo que ha traído la nueva política en consonancia con la vieja. Y, como es natural la falta de diálogo y entendimiento de la clase que la encarna, espoleada, no hay que engañarse, por el sectarismo de una sociedad que elige a sus líderes en función de las filias y de las fobias, del resentimiento social y de la intransigencia frente al que piensa de forma distinta.
En cualquier país del mundo democráticamente educado, el candidato más votado, y único que puede gobernar en minoría con ciertas garantías constitucionales, ya lo estaría haciendo. La investidura se habría convocado en tiempo y forma, no dos meses después de acudir a las urnas. El aspirante con mayor apoyo electoral no se hubiera demorado tanto por miedo a una encerrona o a un castigo, y la fuerza más afín habría puesto sus condiciones con la suficiente antelación para no tener que hacerlo después de haber reiterado estar dispuesto a lo contrario. No me extraña, en este caso, que el gallego recele.
En un país democráticamente bien educado, el candidato de la oposición, que ha perdido dos elecciones sucesivas y puesto a su partido en el suelo histórico de sus votos consecutivamente, habría presentado ya su dimisión irrevocable. Pero esto es España, un absurdo en sí misma.
