Dos de los puntos estrella del acuerdo de investidura (¿fallida?) alcanzado por C's y el PP para apoyar los primeros a Mariano Rajoy han sido, por un lado, el llamado pacto contra la corrupción, por el cual C's exige que no se presenten cargos públicos investigados (antes imputados), y por otro la reforma del Poder Judicial, más en concreto, la del procedimiento de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
También ha llamado la atención durante el debate de investidura alguna de las frases que el candidato refería a Albert Rivera: "Estoy de acuerdo en que hay que perseguir la corrupción, pero hay que ser justos y mesurados en nuestros juicios".
Y lo cierto es que ambos tienen razón: la corrupción es un hecho repugnante que ataca al corazón de nuestra democracia. Y por supuesto no queda limitado a "meter mano en la caja." La prevaricación, el cohecho, las negociaciones prohibidas, la omisión de perseguir delitos, tráfico de influencias? son delitos que sin comportar directamente lo de "meter la mano en la caja" deben ser considerados, y judicialmente así lo son, corrupción sin tapujos.
Pero también es cierto que cuando estudiaba Derecho Constitucional y Penal con los profesores Bastida y Bernal en la Universidad de Oviedo, una de las cosas que nos enseñaron fue que en nuestro ordenamiento jurídico existen principios en la actuación punitiva del Estado, regulados en el art. 24 de nuestra Constitución, según el cual todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
Y quizás es ahí donde ambas posturas se dan la mano: un proceso sin dilaciones regido por el principio de presunción de inocencia. Uno de los grandes problemas de nuestro país es que la actuación de los jueces y magistrados se ha tornado tan lenta, tan ineficaz, que pone en serio riesgo el Estado de derecho. Y lo peor es que sociológicamente se ha aceptado como normal. Resulta absolutamente inaceptable que los procesos, ya sean penales, civiles o contencioso-administrativos, duren el tiempo que duran en la actualidad. Según el CGPJ el tiempo medio en el año 2015 de un asunto en un Juzgado de instrucción ascendió a siete meses, en un Juzgado de lo mercantil a 41,6 y en la Sala 1.ª del TS, que juzga por lo penal a los altos aforados, a 15,4 meses.
La solución es bien sencilla: se llama dinero y aumento de los medios judiciales. Y que no les engañen, España se gasta en Justicia 1.475,56 millones de euros, que es la cantidad consignada en los presupuestos de 2015 para el Ministerio de Justicia en 2015. A esta cantidad habría que sumar la que se gastan las comunidades autónomas para las competencias en materia de Justicia que tiene atribuidas, en Asturias 52,1 millones de euros. Con esa cantidad se tienen que pagar a los jueces y fiscales, a los funcionarios judiciales, se hacen las inversiones en modernización de Juzgados y tribunales, se implantan los sistemas informáticos? etcétera.
¿Les parece mucho o poco? Hagamos una comparación: según el Banco de España el coste de ayudas directas a la banca ascendió en 2013 a 61.366 millones de euros, es decir ¡41 veces más que todo el presupuesto del Ministerio de Justicia para el 2015! Y las pérdidas para el Estado, según el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ascenderán al menos a unos 40.000 millones de euros. Cuestión de prioridades.
Es cierto, como mantiene Rajoy, que hay que ser prudentes y mesurados en nuestros juicios. Es cierto que el investigado no es todavía culpable de nada y que la investigación puede acabar ratificando su inocencia o concluyendo que los indicios por los que se le investiga no son constitutivos de delito o incluso que son falsos, o infundados? El problema es que la duración de los procesos es tal que la sombra de la duda se hace demasiado larga y más para un partido como el PP, al que los Bárcenas, Bankia, Taula, Aquagest, etcétera no dan tregua.
Es normal que C's exija al PP, en aras a la regeneración y limpieza, que no haya cargos públicos imputados/investigados. Pero quizá lo importante para atajar la corrupción es que los mecanismos judiciales funcionen y no se eternicen. Que las investigaciones sean rápidas, con medios y que los Juzgados y tribunales dicten sus sentencias en periodos ajustados. Y además es lo más justo, pues se evita que paguen justos por pecadores.
Bueno es que el órgano de gobierno del Poder Judicial se despolitice, pero quizá para el común de los ciudadanos la verdadera reforma de la Justicia tenga que ver con la efectividad de la misma, con el saber que se puede recabar la tutela judicial de forma verdaderamente efectiva, a tiempo, cumpliendo su misión de servicio público. Y esta reforma trasciende del ámbito de lo penal o de la corrupción. Es fundamental en el ámbito civil, mercantil y social lograr una reducción de los tiempos de duración de los procesos si queremos avanzar como país. El coste económico y social de lo contrario debería ser inaceptable para una sociedad avanzada. Porque un Estado de Derecho no es tal sin una Justicia a tiempo.
