El pasado día 14 un camionero de Avilés que transportaba carbón desde El Musel a Guardo fue asaltado en el puerto de San Isidro por un piquete de unas diez personas. Recibió golpes que lo llevaron al hospital; a su camión le infligieron daños diversos, que costarán dinero. Tal vez tenga que estar parado un tiempo. El carbón quedó tirado en la carretera. Sean cuales sean las razones y la "razón" que asistiesen a los piqueteros, es un acto de matonismo.
Es ya una constante en los conflictos laborales que la huelga y las protestas no tengan como objetivo la empresa en que se trabaja, parando, al modo clásico, la producción y dañando así los intereses del capital, sino que se tome como objetivo (o como rehén) la población en general (cortes de carreteras?) o los equipamientos sociales, objetivos que, no teniendo que ver con el ámbito del conflicto, llaman más la atención de los medios o se piensa que tienen más capacidad de presión sobre las autoridades.
(Por cierto, puede decirse que, en general y por desgracia, la mayoría de las actuaciones que se desarrollan en el ámbito público con violencia o vandalismo son actuaciones que tratan de resolver un conflicto irresoluble, en la medida que el problema económico o empresarial que está en su origen no tiene arreglo, con lo cual, pocos son los beneficios que aportan al final a sus ejecutantes toda esa serie de acciones violentas).
Pero quizás convendría examinar con cierto detalle cuál es el ambiente y el discurso en que esas acciones molestas sobre la población ajena al conflicto y esos vandalismos se mueven y se justifican en parte; porque puede que ahí acaben encontrando algunos una cierta exculpación para sus excesos. La opinión pública, por ejemplo, se ha acostumbrado ya a ser rehén de esas actuaciones o padecer sus daños y molestias, que ve con malestar pero tolera. "A fin de cuentas -vendría a decirse- están defendiendo su puesto de trabajo".
Pero son, asimismo, las centrales sindicales las que crean un discurso con que, aunque, desde luego, no justifican el vandalismo, vienen a darle un cierto amparo indirecto. Así, en los últimos tiempos se han producido algunos juicios contra sindicalistas que, en el ejercicio del derecho de huelga y de información de la misma a los trabajadores, han llegado a realizar algún tipo de violencia física contra los renuentes. Condenados en juicio quienes lo habían hecho, las centrales sindicales han calificado la condena de "ataque a la libertad sindical", esto es, han venido a decir de facto que en el ejercicio de la huelga y del piqueterismo no caben restricciones.
Hay otro elemento de ambigüedad en el discurso de los sindicatos cuando ocurren episodios de violencia. Por supuesto, y al respecto del suceso que da pie a esta reflexión, todos ha emitido una condena sin paliativos. Ahora bien, en muchos casos, como aquí, la argumentación con que lo hacen conlleva una implicitación que no deja de suscitar inquietud. "Era -el camionero avilesino- un trabajador como ellos" o "No podemos permitir que surjan enfrentamientos entre trabajadores", han venido a decir todos para subrayar lo inadecuado e inaceptable de aquel acto. Ahora bien, ¿de no haber sido un trabajador la víctima sería aceptable la violencia? ¿Lo sería de haber llevado, por un decir, el camión el propio empresario o su hijo? ¿Quieren decir tal cosa? Seguramente no, pero la relativización de la violencia contenida en sus condenas -por haberlo sido contra otro trabajador- da pie a entenderlo.
Y, sobre todo, da pie a que los más iracundos o desesperados interioricen que, en determinadas situaciones, la utilización de la violencia está justificada.
