El Ayuntamiento de Gijón proyecta la mayor reestructuración administrativa a nivel interno desde 1992, lo que supone implantar un nuevo modelo de organización que rompe radicalmente con el actual y que tiene como base un estudio realizado por una consultoría especializada que revelaba vicios y debilidades en la estructura organizativa municipal. Ese informe ponía de manifiesto un modelo "obsoleto y agotado" en el que se detectaba una "inflación jerárquica" que llegaba al punto de la existencia de jefaturas sin personal a su cargo. También criticaba el estudio la pervivencia de unidades administrativas sin otro criterio que "la satisfacción de necesidades individuales, compromisos y formas de gratificación".

El nuevo orden municipal que defiende Foro y que no saldrá adelante sin el consenso de los grupos políticos municipales presenta como grandes novedades la división administrativa del Ayuntamiento en tres grandes áreas, con un gerente al mando de cada una de ellas. Los gerentes responderán a la figura del directivo público profesional elegido mediante el sistema de libre designación, con contrato de tres años prorrogables si cumple los objetivos señalados. Se trata, por tanto, de puestos sujetos a la discrecionalidad de la decisión política, por mucho que la concejala de Hacienda, Ana Braña, se haya apresurado a señalar que la elección de los nuevos altos directivos municipales respetará a los criterios de mérito, capacidad e idoneidad.

Foro llegó al gobierno municipal con el compromiso de acabar con los reinos de Taifas que permanecían instalados en el Ayuntamiento tras tres décadas de gobiernos de la izquierda. Cinco años después, anuncia por fin la intención de acometer una de las propuestas principales de su programa electoral. La medida puede ser digna de aplauso, si consigue acabar con ciertos vicios de otras épocas que impiden el funcionamiento más efectivo de la maquinaria municipal. Pero no conviene abusar, sin embargo, de los criterios de libre designación y de suplantar a unos reyezuelos por otros más afines.

El nombramiento de gestores profesionales "a dedo" se ha convertido en práctica habitual como medio de provisión de puestos en la Administración pese a su elevado componente discrecional y a que lesiona, en ocasiones gravemente, los principios de mérito y capacidad que han de regir la elección de cargos directivos en un organismo público. El Ayuntamiento no es una empresa privada y, por lo tanto, el gobierno local debe apostar por métodos de provisión más objetivos. La discrecionalidad no puede convertirse en arbitrariedad.

Actualizar un sistema organizativo obsoleto resulta una medida plausible; renovar la parte administrativa municipal de cara a la mejora de la eficacia en la gestión de los servicios públicos también merece elogio. Pero todos los cambios que se lleven a cabo han de hacerse con escrupuloso respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Quienes iban a defender la integridad profesional de los funcionarios frente a las arbitrariedades políticas de sus antecesores no pueden caer ahora en el mismo error.