Por mayoría hipercualificada, las dos cámaras del Congreso de EE UU votaron esta semana a favor de levantar el veto de Obama a una ley que permite a los estadounidenses demandar a Arabia Saudí por los ataques del 11-S. Los números no dejan lugar a dudas sobre el grado de acuerdo, verdaderamente inusual, alcanzado por demócratas y republicanos: en la Cámara de Representantes sólo se registraron 77 votos en contra, de un total de 425 emitidos, y en el Senado únicamente el líder de la minoría demócrata, Harry Reid, rompió la unanimidad.
A un lado el hecho de que ésta sea la primera vez que Obama ve levantado su veto (derrota que Bush jr. sufrió cuatro veces y Bill Clinton dos), la decisión del Congreso pone de manifiesto el deseo de los legisladores de reexaminar el trato privilegiado que Washington concede a la monarquía saudí, un tenebroso aliado al que algunos investigadores creen implicado en la red de financiación de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron casi 3.000 personas y que perpetraron 19 terroristas, 15 de los cuales eran ciudadanos saudíes.
Obama ha buscado con ahínco el reequilibrio de fuerzas en Oriente Medio atreviéndose a recuperar la relación con Irán, siempre en disputa con Riad por la hegemonía en la región; pero ha seguido dejando que el reino saudí haga y deshaga, sin descuidar por ello el estrecho vínculo con Israel, con el que firmó este mes el acuerdo de ayuda militar de mayor dotación económica en la historia de ambos países: 38.000 millones de dólares en diez años.
A las puertas de unas presidenciales que, de ganar Hillary Clinton, seguramente abrirán la puerta a un mayor intervencionismo de EE UU en los próximos años (o no, si vence Donald Trump y los aliados europeos no pagan su cuota), el Congreso ha decidido complicarle la vida al próximo mandatario/a del país, pues la aprobación definitiva de la "ley de Justicia contra Promotores del Terrorismo", una vez levantado el veto presidencial, supone que los jueces norteamericanos que atiendan las demandas contra ciudadanos o entidades saudíes podrán obviar el principio de "inmunidad soberana"; y si la justicia de EE UU ignora tal presupuesto, en justa reciprocidad, otros países podrán hacer lo propio con los uniformados estadounidenses que han cometido tropelías de la misma guisa u otras, por orden de su Gobierno, en cualquier esquina del orbe. Lo que Obama denominó, en su respuesta al revés que le infligió el Congreso, "el trabajo que hacemos en todo el mundo".
