España puede perder más de 1.300 millones de euros de los Fondos Estructurales en el próximo año. El incumplimiento del objetivo de déficit en 2015 en cerca de un punto porcentual del PIB, debido esencialmente a la irresponsable rebaja fiscal del Gobierno popular, concentrada en las rentas más elevadas, ha dejado a nuestro país en una posición imposible. Las autoridades europeas entienden que deben hacer cumplir la ley, y así es, pero imponer tales sanciones en una economía con una tasa de desempleo superior al 20 por ciento es totalmente contraproducente. Además, esas medidas sólo harán elevar el sentimiento euro-escéptico o directamente euro-hostil de una parte de la ciudadanía. De este modo, la situación de la Comisión Europea es muy comprometida, presionada a su vez por el Parlamento Europeo.
En este sentido, el pasado lunes se celebró en el Parlamento una comparecencia del Vicepresidente de la Comisión, Kataynen, y de la Comisaria de Desarrollo Regional, Cretu, para discutir el posible bloqueo de los Fondos Estructurales a España y Portugal. La Comisión afirmó que el texto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento le permitió en verano proponer una sanción cero por el desvío del déficit, decisión ratificada después por el conjunto de los Estados en el seno del Consejo. Si bien, ahora, según la propia Comisión, el marco legal que bloquea los fondos estructurales, en el caso de que los gobiernos no hayan tomado las medidas oportunas para evitar desviarse, no tiene vuelta de hoja. Esto fue lo que explicaron ante el Parlamento, adelantando una decisión en este sentido para las próximas semanas, que podría ser revisada después a la luz de los proyectos presupuestarios de ambos países para 2017.
Sin embargo, el Parlamento no compartió esa lectura de la situación. En una sesión de intervenciones casi unánimes, como no recuerdo en el pasado, los diputados de los distintos grupos y nacionalidades fuimos interviniendo durante casi tres horas para exigir una aplicación prudente de la regulación que supuestamente exige ese bloqueo, porque aun cuando la Comisión defendía un automatismo total en esa decisión, esa misma norma le otorga un amplio margen de discrecionalidad para adecuar el congelamiento de los fondos atendiendo a la situación económica de los países. Por ello, el Parlamento exigió a la Comisión que explicara qué metodología va a utilizar para estimar el importe global de una posible congelación y su reparto entre los distintos tipos de fondos, en la medida que ese cálculo podría llevar a un "bloqueo cero". A su vez, el Parlamento pidió también la celebración de otra reunión con los gobiernos de España y Portugal para conocer la opinión de primera mano de la otra parte de la negociación y, por supuesto, retrasar cualquier decisión de la Comisión a la recepción de los presupuestos del próximo año.
Sin duda, el Parlamento ha ejercido una labor clave de control sobre la Comisión en un asunto de extrema gravedad para nuestro país. La situación política de los comisarios presentes pasó por momentos comprometidos con un Parlamento volcado en evitar hacer pagar a los de siempre por decisiones, algunas irresponsables, de sus gobiernos, como en el caso de España, porque estos Fondos principalmente se destinan a regiones y municipios que necesitan de esos programas de convergencia.
Con todo, hay una cuestión que complica aún más la posición de nuestro país y las de los diputados que estamos trabajando para eliminar esa espada de Damocles: ¿podrá España presentar un proyecto de presupuestos antes del 15 de octubre?
Quienes vivimos a medias entre la política europea y la española, percibimos con una cierta dosis de desamparo el devenir de nuestro país, con un debate público absolutamente fuera de la realidad, lleno de grandes discursos y objetivos morales, pero ausente de inicio a fin del principio de realidad ni de la ética de la responsabilidad. Atentos.
