Amenaza con llegar a ser un problema grave, no solo tener la apariencia de ello, como ahora. Para todos, para los catalanes y para el conjunto de los españoles, incluidos aquellos que creen en el derecho de autodeterminación de los pueblos y les parece que no se debe impedir a los habitantes de Cataluña el ejercerlo. Un problema grave, gravísimo, no solo de índole política, sino también económica, aquí y allí; y, por supuesto, en el interior de Cataluña, social, de desgarro social.
Pero antes de decir algo sobre los próximos meses, déjenme recordar algo sobre el pasado, sobre actuaciones inexplicables o irresponsables en el pasado.
En el año 2003, el Gobierno de Aznar introdujo en el Código Penal (artículo 506 bis) la pena de entre tres y cinco años de cárcel para quien convocase un referéndum ilegal. IU, el PSOE y los nacionalistas se opusieron. En el 2005 Zapatero derogó ese artículo con la argumentación de que la convocatoria ilegal de referendos no tenía "la suficiente entidad como para merecer el reproche penal". Es decir, que realizar una consulta vinculante sobre la segregación de una parte de un Estado vendría a ser un asunto menor, como el de orinar en la calle o algo así. Bien. Eso el Gobierno, ¿y los soldadinos del PSOE no tuvieron nada que decir? Nada que se sepa.
Prosigamos. 2005. Cena en la embajada de Portugal. Varios personajes. José Bono, ministro de Defensa, le dice a Pascual Maragall: "El Estatuto [que nos mandas] ¡es la base de la secesión!". Y anuncia que dimitirá: "como ministro de Defensa antes de que entre vigor un texto que pueda perjudicar la unidad de España y, por tanto, la igualdad de derechos de todos los españoles". Y añade: "Para conseguir el apoyo del PSOE a un Estatuto con el fin de ganar las elecciones, nos ocultaste en Santillana del Mar que ibas a caminar hacia posiciones independentistas". ¿Engañar? Pero si estaba claro desde el primer momento lo que era aquello. Yo ya lo conté aquí, en LA NUEVA ESPAÑA, el 22/09/2003. La reunión de Santillana, un mes antes, acordó dotar a Cataluña de un "federalismo asimétrico". ¿Que no se enteraron? Y ahí andaban todos los soldadinos del PSOE, incluido nuestro presidente, don Javier Fernández.
Después vino el Estatut, que contenía no sólo cláusulas inconstitucionales, sino disposiciones claramente discriminatorias para el resto de las autonomías, que, en alguna medida, corrigió el Constitucional. Ahora bien, con esos antecedentes, ¿cómo puede echarse la culpa de la desafección de parte de los catalanes a que el PP denunciase el Estatut? ¿Y toda esa tropa de insensatos, primero, y mudos, después, del PSOE no tiene en ello arte ni parte? Pero si lo decía Bono en aquella misma ocasión: "Repitiendo la monserga de que España es la madrastra y Cataluña la Cenicienta, acabarán convirtiendo la mentira en sentimiento de agravio colectivo".
Mas volvamos al PP. ¿Cómo es posible que en sus cuatro años de mayoría no restableciese el castigo penal para quien convocase referendos ilegales, máxime viendo complicarse la situación día a día y, más aún, habiendo presentado UPyD en 2012 una proposición en ese sentido? ¿Y qué es esa broma de crear una nueva disposición para que el TC pueda sancionar a quien no haga caso de sus decisiones con una multa de hasta 30.000 euros? ¡Hasta 30.000 euros! Temo que haya provocado ataques de hilaridad y vaciados de vejiga entre los independentistas. ¡Pero, hombre, si 30.000 euros se lo ponen a uno de multa casi por saltarse un semáforo! No me extraña que algunos conspicuos de la derecha califiquen de "Maricomplejines" a don Mariano.
¿Qué pasará en el futuro inmediato? Desde la opinión no catalana y desde el constitucionalismo se pronostica que la independencia no irá adelante, con argumentos a veces tan vacíos como que no se efectuará porque es ilegal. La cuestión es la de cómo se hará cumplir la ley. A juzgar por los antecedentes, por los incumplimientos sucesivos de sentencias judiciales de todo tipo desde el Legislativo y el Ejecutivo catalanes, no parece fácil que las disposiciones judiciales vayan ser efectivas, a lo que hay que añadir la demora de los tribunales en emitir sus dictámenes y en exigir su cumplimiento o en enjuiciar a los incumplidores. No parece tampoco que nadie vaya a poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, relativo a la capacidad del Gobierno para obligar a las Comunidades en caso de incumplimientos o daños al conjunto de España, artículo por otra parte bien impreciso y, por tanto, discutible en sede judicial.
Pero es que, además, el Parlamento catalán está desarrollando una serie de leyes, conocidas como "leyes de desconexión", que, partiendo de la legitimidad actual del mismo, y basándose en la legitimidad ab ovo que los nacionalistas atribuyen al pueblo catalán -y, por tanto, a sí mismos como legitimados para crear una nueva legalidad-, se constituyan en alternativas a las del Estado.
Y es en ese proceso legislativo -añadido a la conformación de mayorías en las urnas- donde basan una parte sustancial de su éxito. En la confusión de la gente, en las dudas de los jueces, en las dilaciones de los procesos judiciales que desde el Estado se inicien, en la confrontación de las dos legitimidades o legalidades ante los tribunales. Y, sobre todo, en las adhesiones o dudas que en los ciudadanos, en los cuerpos de seguridad y en los jueces creen. ¿A qué hacienda se sentirá el contribuyente obligado a pagar? ¿A cuál temerá más? ¿Qué ley tendrán los jueces como más legítima, según su adscripción ideológica, su temor o su aceptación de un estado de cosas? ¿Qué cuerpo policial ejecutará las órdenes de los jueces? ¿A qué autoridad entenderán que debe su lealtad?
Iremos viéndolo, pero nada de todo ello será fácil ni feliz para nadie.
