Aparcados ya en la historia de nuestro pais los inéditos y sorprendentes acontecimientos de los más de trescientos días de gobierno en funciones, se avecina una "vuelta a la normalidad" no exenta de incertidumbres, incógnitas y esperanzas, que solo el tiempo y los hechos nos permitirá valorar. El Presidente del Gobierno ha enumerado en sede parlamentaria y antes de su investidura, cuáles son los más acuciantes y urgentes problemas que están encima de la mesa, invitando a todos los grupos parlamentarios a colaborar activa y responsablemente en la solución de los mismos, lo que, de antemano, dudamos vaya a suceder. Entre ellos y sin ningún orden de prioridades, están el inaplazable pacto de Estado sobre la educación y el más delicado de todos, por su posible efecto mimético, el del secesionismo catalán. Hercúlea tarea reservada a compatriotas con visión de Estado, amor a España como nación moderna con quinientos años de existencia y renuncia expresa a los intereses partidistas, cuyo ejercicio conduce inexorablemente a la demagogia y al populismo deconstructor.
Quisiera reflexionar sobre el primero de los citados por creer que ha sido y es el inductor en gran medida de los demás, pues han sido y son muchas las sensatas y cualificadas voces que han propuesto tal pacto, porque hay que dejar necesariamente fuera de la confrontación partidaria algunas cuestiones especialmente graves y la educación lo es sin el menor genero de duda, junto a la unidad de España, la soberanía nacional, el Estado de Derecho y los diversos aspectos que integran lo que llamamos el "Estado del bienestar".
La clave del asunto es bien sencilla: la necesidad del esfuerzo, de la exigencia, de la selección y de la libertad. Es algo tan evidente que no debería precisar defensa ni razonamiento alguno, pero lo vienen rechazando sistemáticamente los supuestos "progresistas", empeñados en proponer la igualdad, antes que la equidad, como principio esencial de la ideología de izquierdas que ha de impregnar el sistema educativo, a base, dicho lisa y llanamente, de bajar el nivel e igualar por abajo. Y a la vez, un importante sector de una sociedad aletargada, que solo cree tener derechos y ningún deber, reclama seguir disfrutando gratis de todo, especialmente de la educación, la sanidad y los distintos servicios sociales, porque -ya se sabe- "el dinero público no es de nadie", como dejó dicho para la posteridad con lapidaria frase, aquella inefable ministra de cultura. El profesor que suspende mucho es sospechoso; los alumnos deben pasar siempre de curso por muchos suspensos que tengan, sin evaluaciones internas o externas de nadie; exigir cierta nota para disfrutar de una beca se tacha de antidemocrático y fascista?
Mientras nuestros políticos seudoprogresistas, en manos de quien ha estado el sistema educativo desde 1990 hasta nuestros días -ya veremos qué destino le espera a la LOMCE- no entiendan que lo verdaderamente democrático es que un joven de origen humilde pueda, con su esfuerzo y su talento, ascender profesional y económicamente, y que esa reiterada tendencia a igualar por abajo es profundamente reaccionaria, el problema de la educación no tendrá solución racional. Y de ese falso progresismo hemos pasado a topar con otro escollo, que hace inviable, en la práctica, el pacto educativo. Me refiero al profundo error que supuso el traspasar a las comunidades autónomas las competencias en materia educativa, cuyo remedio, ahora, es imposible. Algunas, lo han aprovechado para inculcar el odio a España; otras -o las mismas- para potenciar sus lenguas propias en detrimento de la lengua común de todos los españoles y de quinientos millones más de personas; todas, para poner el foco en lo más local. En Andalucía se estudia a Fernando de Herrera porque era andaluz; en Castilla, a fray Luis de León, porque era castellano. En muchos sitios se da más importancia al estudio de un insecto, porque vive allí, que al conocimiento de lo que supusieron la Contrarreforma o la Revolución frances. Se ha impuesto así el paletismo localista frente a la universalidad, propia de la verdadera cultura. Y todo ello se adorna con los "nuevos ídolos" de cierta pedagogía: la "motivación", la "creatividad", la "integración", lo "lúdico?" El que hable, sencillamente, de trabajo y esfuerzo en el aula, será tachado de conservador y carca. Y los "deberes", que se hagan en casa.
Lo cierto y verdad es que, gobierno tras gobierno, la educación es una asignatura que siempre nos queda pendiente. Tenemos el índice de abandono escolar más alto de Europa y el mayor número de repetidores. En los informes PISA, siempre nos tiran de las orejas, -aunque los "expertos" nos digan que nos hemos puesto en manos de la OCDE y que sus informes están elaborados en despachos para ser buenos consumidores--; ninguna de nuestras universidades está entre las mejores del mundo, pero el latiguillo que no falte: "tenemos unas generaciones de jóvenes de los más preparados de la historia? que encuentran trabajo, sin problemas, fuera de España?", pero la mayoría oculta que con unas retribuciones absolutamente inadecuadas en relación con el dinero que nos hemos gastado los españoles en su formación.
En líneas generales y sin exageraciones de ningún tipo, esta es la radiografía que describe una profesora de un instituto público de secundaria de Madrid, extrapolable a cualquier centro similar de cualquier rincón de España: "A los centros educativos cada vez se les carga con más responsabilidades y tareas, cuando es una institución pensada para enseñar a leer, a escribir, a contar, a distinguir los distintos animales y plantas, a conocer nuestra historia y la del resto del mundo, o las principales manifestaciones artísticas? Pero la realidad es que se han convertido en un gran cajón de sastre que tiene encomendado todo lo que las familias y la sociedad les están hurtando a los jóvenes. Al final, lo de menos es enseñar matemáticas o inglés. " Y añade: "docentes denostados por la sociedad que sufren agresiones e insultos?y aun así, son auténticos profesionales la inmensa mayoría de ellos que no están suficientemente valorados. Y tampoco estaría de más que pasáramos una especie de evaluación cada cinco años?"
La LOGSE, que se impulsó y promulgó en 1990 siendo ministro de educación el señor Pérez Rubalcaba, acabó con la famosa "Ley Villar Palasí", o Ley General de Educación, que desde 1970 estableció la enseñanza obligatoria desde los 6 hasta los 14 años. La EGB, que tenía ocho cursos, impulsó la escolarización masiva. Al terminar 8º, los que querían seguir estudiando podían optar por el BUP, que era el camino natural hacia la Universidad, o la FP, que quedó relegada como enseñanza de segunda categoría, porque triunfó la demagogia de que "los hijos de los obreros tienen que ir a la Universidad", y ahora se la echa tanto de menos. Durante su vigencia, en el franquismo, en los gobiernos de la Transición y en los dos primeros de la restaurada democracia, fue una ley que funcionó sin mayores problemas; que creó las universidades autónomas, la UNED, el acceso de los mayores de 25 años a la universidad, etc., etc., y que empezó a degradarse con la imposición de la ideología de izquierdas más descarada, otorgando derechos desmesurados a los estudiantes, privando de autoridad y respeto a los profesores, politizando las asociaciones de padres y madres de alumnos y potenciando hasta límites injustos la enseñanza pública en detrimento de la concertada, cuando la calidad de aquélla, en general y con notabilísimas excepciones, era inferior a la de esta última, en gran medida por la extracción y procedencia del profesorado, además de por su superior coste.
A la LOGSE la quiso suceder la LOCE, propiciada por el PP, que pretendía atajar las causas del fracaso escolar que arrastraba el sistema educativo, por la falta de esfuerzo exigible a los estudiantes debido a la promoción automática de curso, buscando además la recuperación del prestigio de los profesores, pero tuvo una efímera vida: Rodríguez Zapatero la derogó nada más llegar al gobierno, modificando aspectos de la LOGSE con la LOE, agravando las deficiencias de aquélla. El ministro de Educación, Angel Gabilondo, justo es reconocerlo, trabajó denodadamente por alcanzar un pacto histórico con el resto de las fuerzas políticas, especialmente con el PP, con quien compartía muchos objetivos para alcanzar el deseable acuerdo, incluso aparcando las espinosas cuestiones ideológicas como el carácter laico o religioso de la enseñanza, pero la intransigencia de la izquierda por los aspectos de financiación, la formación del profesorado y las pretensiones de que al menos un 40% de la población tuviera titulación universitaria, con detrimento de la Formación Profesional, frustraron, una vez más, el intento. Ese prurito socialista de que hay que acabar con el elitismo universitario por el "exclusivo" acceso a la Universidad de los hijos de las clases pudientes, es un prejuicio indestructible. Y hay que vincular los estudios universitarios a las necesidades de la sociedad, no a las demandas del mercado, y aquél es un sueño secular del que aún no han despertado.
Y ahora le toca el turno a la LOMCE, despectivamente llamada "Ley Wert", la ley de educación de la mayoría absoluta del PP, vigente, pero contestada desde sus primeros compases, porque la actitud del PSOE al comienzo de las negociaciones para el diseño de la misma fue una linea roja infranqueable: la ley de 2006 (la LOE, que modificó la LOGSE) ni tocarla, cuando la repetición de curso supone un sobrecoste anual para el Estado de unos 400 millones de euros, que significa el 8% de todos los recursos educativos y que gracias al esfuerzo de los profesores y a que todo el mundo ha arrimado el hombro, de mejor o peor grado, el sistema no se ha resentido por los ajustes presupuestarios, o "recortes".
Es cierto que establece unas pruebas de evaluación final para obtener el graduado en ESO y el título de bachiller, aunque no estarían operativas hasta el próximo año, y que ya han sido dejadas en suspenso por el gobierno, por la malintencionada -pero escasa- contestación que ha tenido por los sindicatos de estudiantes y de trabajadores, cuando resulta que en los 34 países de la OCDE, en 29 de los mismos hay evaluaciones externas estandarizadas, y las que se proponen en la ley nada tienen que ver con las antiguas reválidas, que eran un mecanismo de regulación de la demanda. No se trata, con las pruebas que postula la LOMCE conocer qué sabe el estudiante, sino qué sabe hacer con lo que sabe. Son resolución de problemas, pensamiento crítico, capacidad de análisis? Son elementos que responden a un concepto moderno de la pedagogía, nunca una vuelta al pasado, además de otras irresponsable críticas que se la hacen, la más falaz de todas es que tiene un sesgo favorable a la educación privada y contraria a la pública, lo que en absoluto se contempla en la ley, sino todo lo contrario: la doble red, pública y concertada, es una creación fundamentalmente socialista. Y funciona bien, pero puede funcionar mejor, nivelando el juego entre ambas? Derogarla porque es "de derechas", no es de recibo.
No puede haber un país que funcione bien si no funciona bien su educación pública, puesto que es la principal garantía de la igualdad de oportunidades. Y hay que buscar, con los cambios que sean necesarios, puesto que las leyes no son la Biblia, garantizar el verdadero progreso de la sociedad, tan dinámica y cambiante como la que nos toca vivir. Educación y cultura modernas y avanzadas, en libertad y mirando hacia el futuro, sin prevalencia de ideologías ningunas ni pensando en las elecciones, sino en las generaciones.
Y mejorar la formación del profesorado, otorgándole la consideración y autoridad de la que se le ha privado. En este tema, el sistema educativo ha sido demoledor. Ser docente significa tener dos formaciones, una en contenidos y otra en pedagogía, y no se ha conseguido ensamblar eso; y tampoco aportarle unas prácticas. Y el respaldo pleno de la administración y de los padres de los alumnos. Y el respeto y reconocimiento de los discentes. Ello no es imposible, pero va a exigir mucha cesión por parte de todos.
El pacto educativo es urgente y necesario. ¡Ojalá se alcance!
