Me refiero al Consejo Consultivo de Asturias, que ha sido creado en 1999 y se define como "superior órgano auxiliar de consulta de la Comunidad Autónoma" añadiendo que goza de autonomía (?) orgánica, presupuestaria y reglamentaria. Lo equiparan al Consejo de Estado y su función consiste en prestar asesoramiento a la Administración pública regional. El ente está integrado por un presidente y cuatro vocales nombrados por el Principado, 15 funcionarios y otros dos más calificados como personal laboral. Este organismo, cuyos dictámenes no son vinculantes, nos ha costado 1.450.000 euros en 2015, un importe similar al de todos los años, y digo que nos ha costado porque los ingresos para afrontar esos gastos provienen de nuestros impuestos. Durante el pasado ejercicio recibió 237 consultas procedentes de las consejerías y de los ayuntamientos -básicamente de los de Gijón y Oviedo- y algunas de ellas llaman la atención por su peculiaridad, como la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos como consecuencia de la caída de un cartel publicitario sobre un vehículo o la demanda por las lesiones sufridas debido a un accidente de circulación por mancha de aceite en la calzada o los perjuicios causados por la caída de un árbol sobre un coche. Se da la circunstancia de que este tipo de cuestiones, un tanto simples y triviales y de poca entidad para la gobernanza de Asturias, constituyen, junto con otras similares, la mayoría de las materias que se someten a la consulta de este organismo, generador de burocracia y papeleo innecesario. Quiero volver a subrayar que sus sentencias no son vinculantes, por lo que resulta inevitable preguntarse: ¿no es suficiente con la estructura y dotación que tiene asignada cada Consejería del Gobierno y la de los ayuntamientos con sus ministrinos, ediles, funcionarios, servicios técnicos y jurídicos e incluso con los otros asesores que proliferan en la Administración pública para solucionar todos estos asuntos? Que además en la mayoría de las ocasiones son resueltos y sancionados por los tribunales judiciales. Como es lógico, uno tiene la fundada sospecha de que este organismo es otra puerta giratoria -¿cuántas más habrá?- para los miembros del citado Consejo, habida cuenta que, anteriormente, algunos han desempeñado puestos políticos de relevancia. Como ustedes bien saben, en todos estos casos la cuantía anual señalada para su funcionamiento va a cargo de las arcas públicas, que se nutren de nuestros impuestos, alguno de ellos confiscatorio, como es el de sucesiones, que ha obligado en los dos últimos años a 3.127 asturianos a renunciar a la herencia de sus padres y familiares.
