"El precio de la bombona de butano ni tocarlo, que es el calor de los pobres". Esta exigencia se atribuye a Alfonso Guerra en el primer gobierno socialista de Felipe González. Ha llovido mucho desde entonces, y los termómetros siguen cayendo en picado conforme avanza el otoño. Muchos de los que estaban en los consejos de ministros de ese gobierno, y de los gobiernos posteriores en sus antípodas ideológicas, se sientan hoy en los despachos de multinacionales que cotizan en bolsa, entre ellas las suministradoras eléctricas. A raíz de una crisis que ha dejado a miles de familias en la cuneta del bienestar, se ha acuñado el término "pobreza energética" para denominar la preocupación de Alfonso Guerra, e incluso alguna autonomía valiente como Cataluña ha legislado para frenarla creando normas de emergencia social. Sin embargo, el Gobierno central del PP ha usado dinero público para recurrir ante el Tribunal Constitucional estas leyes proteccionistas, dejando en vigor unos pocos artículos no reglamentados que crean huecos por los que las empresas no dudan en colarse. Con un par de las horas extras de los abogados del Estado que trabajan en este tipo de casos con cargo a mis impuestos se hubiese abonado sin problemas la factura de la luz de Rosa, de 81 años, que murió hace tres días en el incendio que provocó una de las velas que usaba para iluminar su precaria vivienda en Reus. Gas Natural le había cortado el fluido hace dos meses por no pagar. No tendrá más remedio que poner ese desastre en su balance de fin de ejercicio.
El Ayuntamiento de Reus piensa demandar a la compañía, obligada por ley a solicitar a los servicios sociales un informe sobre la posible situación de vulnerabilidad de las familias antes de tomar una decisión tan drástica como dejar una vivienda sin corriente. En el caso de Rosa, que habitaba sola un piso modesto en circunstancias de extrema necesidad, no se hizo. Alegan los representantes de Gas Natural que los protocolos no están claros. Y ante la duda, corte. La mujer, atendida solo por una nieta que no vivía con ella y que también sufre una situación personal problemática, pasó dos meses sin nevera, sin luz, y su familiar le llevaba la comida. Semanas antes le habían quitado el agua por impago y la empresa municipal se la devolvió, haciéndose cargo del recibo. Nadie supo que carecía de electricidad, porque la anciana se resistía a contar lo extremo de sus necesidades. También se ha acuñado un término para este sentimiento, se llama "vergüenza social", pero que no se preocupen las eléctricas ni los gobiernos que las amparan, que no es contagiosa. Un vela se cayó en el colchón de una señora de 81 años y prendió. No fue un accidente. Hay culpables, los que añadieron oscuridad a su miseria. Eso está más claro que la luz del día, la única que ilumina a todos sin distinción de poder adquisitivo.
Debería producirse una auténtica rebelión social, porque Rosa no está sola en esta injusticia. Según Infolibre, las grandes compañías eléctricas ganaron 5.000 millones de euros el año pasado y cortaron la luz en 653.772 casas. Los bomberos de Cataluña aseguran que siete de cada diez incendios se relacionan con la pobreza energética y la Agència Catalana del Consumo, por poner un caso, recibió doscientas denuncias por dejar a familias sin fluido sin interesarse antes por su situación. En más de 83.000 viviendas españolas faltó la luz al menos un mes entero. ¿Cómo se las apañaron? Imagino que, como la mujer de Reus, arriesgándose a andar a tientas.
