Un tribunal de Madrid, el Superior de Justicia de esa comunidad autónoma, ha dado un nuevo paso, contundente, tal vez definitivo, para obligar a la demolición de la planta regasificadora de El Musel, obra multimillonaria declarada ilegal por los jueces e inactiva por el Gobierno, que no la considera necesaria, o no tan necesaria al menos como otras instaladas en territorios de mayor peso político que Asturias. Otro tribunal con sede madrileña, la Audiencia Nacional, que también tiene a El Musel, donde está instalada la regasificadora, en su punto jurídico de mira, ordenó paralizar también hace unos meses la planta depuradora de El Pisón, sobre la que no recae una orden de demolición, todavía.
Sean derribadas o no ambas construcciones, cuestionadas sine die con toda seguridad, lo evidente es que 418 millones de euros procedentes de las arcas públicas se habrán ido por el sumidero de una pésima gestión administrativa y una aún peor praxis política: las administraciones no pueden saltarse las normas a la ligera, tal como han sentenciado los magistrados; aunque resulta más cómodo tomar decisiones poco fundamentadas cuando se dispara con pólvora ajena, con el dinero de todos, que se va por montones al cubo de la basura.
No se cuestionan ambas obras sino la prepotencia a la hora de proyectarlas, en ambos casos después de decidirse ubicaciones inadecuadas. Los paganos son los gijoneses, sobre todo en lo que respecta a la depuradora del Este, una planta absolutamente necesaria que si no es en El Pisón habrá que reconstruir en otro lugar de la zona oriental de la costa. Otro dineral por cuyo derroche nadie, a lo que se ve, asume responsabilidades, ni políticas ni económicas.
